El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado este martes luz verde al anteproyecto de Ley de la Viña y el Vino. Una norma con la que pretende modernizar uno de los sectores económicos más importantes de la región, y cubrir así un "déficit" desde que en el año 2013 el gobierno del PP derogara la existente. Dio cuenta de ello el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural tras la reunión del consejo de Gobierno, asegurando que la norma es "muy esperada" en el sector, después de pasar los trámites pertinentes de consulta pública, con hasta 50 alegaciones, y que espera pueda ser aprobada por las Cortes en este mismo periodo de sesiones, antes de verano.
Francisco Martínez Arroyo justificó la necesidad de la norma en la importancia de esta actividad para la economía regional, con un volumen de 22,8 millones de hectolitros el año pasado. "Somos la bodega del mundo" aseguró, siendo la región que representa el 55% del vino que exporta España cada año, cuando hace apenas unos años era el 25%. "Somos una potencia, y en crecimiento imparable", incidió.
Arroyo destacó el trabajo previo y concienzudo que se ha hecho "con el sector" para elaborar esta norma, a partir del Plan Estratégico de 2019 que recoge las especificidades del sector. El resultado, a su juicio, es "una ley moderna, muy necesaria en el sector en este momento desde el punto de vista económico pero también social", con la que se podrán guiar desde el momento de su aprobación las cerca de 600 cooperativas de Castilla-La Mancha.
Vinos de finca
Entre los aspectos más importantes de esta Ley, el consejero destacó la "flexibilización" en determinados asspectos que van a permitir una mayor adaptación a la realidad actual, y citó la "autorización de nuevas variedades de vid" para responder a las nuevas demandas de los consumidores. En este punto valoró que la "capacidad de mejora en las variedades más nuestras" que tenemos en la región, como cencibel o airén, frente a un mercado global en variedades en el que ya somos líderes.
En este sentido, Arroyo destacó otra de las novedades como es la opción de etiquetado que se va a habilitar, voluntaria, para aquellas unidades geográficas menores que se quieran poner en valor dentro de una misma denominación de origen o indicación geográfica protegida. Es decir, dentro de una DO o figura de calidad, se podrá incluir un etiquetado con una unidad menor, municipio, paraje, o cualquier otra particularidad para distinguirse sin salirse de esa DO. Es lo que llamó "vinos de finca" para diferenciar un producto "porque se elabora en un paraje determinado, altitud, municipio...".
Toda la promoción que se haga será para el vino embotellado y vinculado a una DO o IGP, que genera entre 4 y 5 veces más renta que el vino a granel. Una apuesta por la calidad del vino de Castilla-La Mancha con la que el consejero siempre ha mostrado su compromiso. "La calidad de nuestro vino es excelente, es así pero tenemos que contarlo", dijo.
La ley también recoge un tratamiento especial al viñedo de secano en vaso para proteger "el cultivo más traicional", con una medida agroambiental específica dotada con 26 millones de euros para las 50.000 hectáreas de este cultivo en la región.
La ley propone que el sector se autorregule, diversifique las producciones y alcance acuerdos de campaña. "Tenemos que garantizar una mayor competitividad y una mejor adaptación del sector al mercado" resumió Arroyo, que incidió en la apuesta por la interprofesional regional para facilitar esa autorregulación. Se obliga a que las figuras de calidad dispongan de un órgano de gestión previamente reconocido por la Consejería, y se creará un comité regional vitivinícola que será el foro de comunicación entre rel sector y la administración.
Tecnología blockchain para no perder el rastro
Como Pulgarcito con sus miguitas de pan, la Consejería de Agricultura trabaja ya en la mejora de la trazabilidad de los vinos de Castilla-La Mancha para garantizar en todo momento el origen y los pasos que ha dado hasta que llega al consumidor final. Pero para evitar que alguien se coma las miguitas, han hecho una apuesta por la tecnología blockchain o cadena de bloques, que cifra en todo momento esos pasos sin posibilidad de alterarse, que generará un código QR para que el consumidor pueda comprobar esa trazabilidad. Será la comunidad autónoma "que más trazabilidad va a garantizar" dijo el consejero, con este sistema que "va a revolucionar el sector del vino", y para lo que se ha previsto una inversión de 2 millones de euros. El sistema estará plenamente operativo en 2024. Además se trabaja ya en la digitalización de los registros como los libros de las bodegas para facilitar ese trabajo.