Debido a la actual situación de cese de la actividad presencial, el equipo de Gobierno de la Diputación de Albacete decidió proseguir con la tramitación de diversos convenios de colaboración, antes de pasar por el Pleno, para que sus fondos puedan llegar a las entidades beneficiarias. 

Es el caso de los seis acuerdos con los grupos de acción local de la provincia, aprobados por un reciente decreto de Presidencia. Según detalla el texto publicado por la entidad, esta opción se toma «en aras de la eficacia, con el fin de agilizar el procedimiento administrativo» y con el compromiso de dar cuenta a la Corporación en el próximo Pleno.

 Esta colaboración económica con los grupos comárcales continúa la línea abierta en el anterior mandato, en el que se decidió apoyar las políticas de desarrollo rural que llevan a cabo en los municipios albacetenses. De hecho, esas entidades son las encargadas de gestionar los fondos del Eje 19 (Leader) del PDR 2014-20, destinados a promover la actividad económica en el medio rural y mejorar la calidad de vida en ese entorno. Con ellos, en el periodo actual, han distribuido ya  unos 12 millones de euros para contribuir a los proyectos de empresas y entidades públicas de la provincia y esperan asignar otros siete en los próximos dos años con una segunda asignación. 

Mientras, la aportación de la Diputación será similar a la de los ejercicios anteriores, con una inversión total de 120.000 euros, 20.000 para cada uno de esos grupos: Campos de Hellín, Mancha Júcar-Centro, Manchuela, Monte Ibérico-Corredor de Almansa, Sierra de Alcaraz-Campo de Montiel (Sacam) y Sierra del Segura.

Uno de los fines de los acuerdos es colaborar en los gastos de funcionamientos de esos grupos, de forma que tengan que destinar un porcentaje menor de los fondos europeos recibidos a esos costes.

Además, según recoge el texto de los convenios, los grupos de acción local se comprometen a llevar a cabo actividades de «dinamización del territorio de los municipios» que conforman sus comarcas, «para la ejecución y puesta en marcha de actuaciones de desarrollo rural, relacionados con generación de actividad económica, creación de empleo, actuaciones de promoción territorial, realización de cursos de formación, puesta el valor de patrimonio rural  prestación de servicios a la población de los municipios».

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