Esta vez la polémica no viene por el trasvase. El Parlamento aprobará este jueves la nueva Ley de Aguas de Castilla-La Mancha y lo hará con la mayoría que tiene el PSOE, pues tanto Ciudadanos como PP se oponen. El problema está en el nuevo canon del agua que gravará su consumo.

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, defendió que con esta normativa se quiere mejorar el abastecimiento, la depuración, los río s y humedales, pero «todas estas actuaciones necesitan instrumentos financieros». Argumentó que «por eso esta ley tiene un canon medioambiental». Explicó que, por ejemplo, han planificado más de 600 actuaciones en depuración para que no queden aguas sin depurar en ningún pueblo de la región en 2032. Solo estas inversiones en depuración costarán 600 millones. 

El consejero avisa de que «si no cumplimos con la política medioambiental de la UE, no llegarán fondos para inversiones, sino que llegarán sanciones, tendremos problemas». Asume que «probablemente» esta normativa se tenía que haber hecho antes, pero insiste en que ahora «hay urgencia en aplicarlo, tenemos 81 procedimientos abiertos en aglomeraciones urbanas por incumplimiento medioambiental». 

La diputada de Ciudadanos, Elena Jaime, con el socialista Pérez Torrecilla. - Foto: Javier PozoLa diputada del PP Ana Guarinos bromeó diciendo que quien tendría que defender la ley es el consejero de Hacienda. Recalca que se estima una recaudación al año de 31 millones por usos domésticos, 5 millones de usos urbanos y 21 millones de usos no domésticos. Advierte de que para una familia serán 50 euros más al año si tiene miembros, para una peluquería 150 euros o para una bodega 1.000 euros. «Y a esto le llama el PSOE una carga fiscal muy pequeña», recriminó. 

Recordó que en Castilla-La Mancha ya se paga canon por aducción y depuración de agua, que ahora se sube también con esta ley, para conseguir un incremento de recaudación del 50 por ciento en 2025.

La diputada de Ciudadanos, Elena Jaime, contó que a ella le ha dado por leerse la legislación de agua de otras comunidades y aunque hay algunas como Galicia con un canon parecido, resalta que en otras solo cobran por aducción o depuración o específicamente por vertidos contaminantes. En el caso de la industria, cree que aquellas «empresas que necesitan más agua van a salir volando» de la región. Por eso avisa al Gobierno que no vuelva a decir que no suben los impuestos o lo bajen. «Si esta ley sale aprobada, la voy a llevar plastificada en el bolso para enseñárselo cuando lo repitan», apuntó.