«Algunas residencias tenían fallecidos con 24 o 36 horas sin retirar. Se veía a los directores de estos centros abatidos tras muchos días luchando y sin ver un final cercano. Fue bastante duro la verdad». La experiencia la narra el teniente de la Guardia Real, Salvador Contreras, participante en la Operación Balmis, pero podría hacerlo cualquiera de los miles de militares que durante los días más duros de la pandemia entraron en los geriátricos para ayudar en lo que fuese posible. Y es que los centros de mayores fueron los más golpeados por la tragedia del coronavirus.
Para evitar una situación parecida, sobre todo en caso de rebrote o segunda oleada de la COVID-19, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, aprovechó ayer su presencia en el Congreso de los Diputados para reclamar «consenso» a los líderes políticos en torno a una ley orgánica que «resuelva» cuestiones relacionadas con los derechos de las personas mayores.
A modo de tirón de orejas a los diputados, porque esta reclamación la viene haciendo desde hace meses, antes incluso del azote del coronavirus, alertó en el Hemiciclo de las carencias de medios y personal en los centros residenciales, por lo que insistió en la necesidad de llegar a un gran pacto para aprobar «reformas normativas de calado y revisión profunda del modelo». «Carencias que se han puesto dramáticamente de manifiesto con motivo de la pandemia que ahora sufrimos», recordó Fernández Marugán.
Entre las medidas que reclamó poner en marcha de forma urgente se hallan el aumento del número de plazas; una revisión al alza de las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial; que las comunidades autónomas mejoren y aumenten su capacidad inspectora; y que se incremente la atención sanitaria y la formación del personal que atiende a los mayores. También aboga por que las regiones realicen una armonización normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros.
«Tenemos que ir con cuidado y no dejarnos llevar por el deseo de volver rápidamente a la normalidad anterior, ya que la recaída complicaría mucho las cosas», manifestó el Defensor sobre la desescalada que está llevando a cabo España tras el estado de alarma, una herramienta constitucional que, a su juicio, ha ayudado a que el daño que ha sufrido el país durante la pandemia «haya sido mucho menor». «El Apocalipsis no se ha producido», subrayó en el Congreso.