La nueva Ley de la Seguridad Social, aprobada por el Gobierno de España, supuso un alivio económico para los 73.332 jubilados y pensionistas que actualmente cobran en la provincia alguna paga contributiva. En concreto, la media del aumento mensual es de unos 50 euros, con lo que alrededor de 44.000 jubilados percibirán un abono de 1.106 euros al mes, mientras que las 19.000 que obtienen una pensión de viudedad recibirán una media de 737 euros. Este incremento es del 2,5%, que es el resultante del promedio de la inflación entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021.

El presidente de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) de Castilla-La Mancha y Albacete, Ramón Munera, considera que esta revalorización de las pensiones se queda «corto», debido principalmente a la inflación que se registra en la actualidad, sobre todo, en los suministros básicos como es el caso de la electricidad, pero también el gas o el butano. Por esa razón, Munera considera que lo justo es que las pensiones se equiparen al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en la actualidad se encuentra en los 965 euros, si bien Gobierno y agentes sociales están en conversaciones para aumentarlo hasta llegar a los mil euros.

Por otra parte, el PSOE de Albacete presume de la subida de las pensiones, frente a los incrementos muy pequeños llevados a cabo por los gobiernos del Partido Popular anteriores.

El debate de las pensiones está más encendido que nunca. Los ciudadanos más pesimistas consideran que el sistema actual tiene los días contados y que muchos españoles, ahora en activo, no podrán llegar a cobrar una pensión digna cuando se jubilen. A estas personas no les falta parte de razón, porque el compromiso intergeneracional para continuar con el sistema creado en la transición democrática pende de un hilo, debido en buena parte a la baja natalidad de la población española que hace que la proporción entre trabajadores y personas con derecho a una paga de jubilación esté más ajustada que nunca.

Es el momento de conseguir unos nuevos pactos de Estado para actualizar las pensiones, pero con un modelo viable a largo plazo, porque de lo contrario habrá un momento en el que el Estado tenga un nivel de endeudamiento tan alto que no pueda hacerse cargo del pago mensual de las pensiones. Pero ésta es la consecuencia, el problema es más complejo y, como ya se dijo antes, radica en una sangría demográfica a la que los dirigentes del país tendrán que hacer frente antes o temprano. Más vale que sea antes, porque de lo contrario la problemática será cada año mayor y con una solución cada vez más difícil.

De momento, el Gobierno pudo incrementar las pensiones en un 2,5%, pero ¿las subidas podrán seguir el ritmo inflacionistas en los próximos años?