El BOE publicó el pasado miércoles el Real Decreto 32/2023, de 24 de enero, que introducen varios cambios en las normas que regula el potencial de producción vitícola. Se encuentra vigente desde ayer y llega en un momento un tanto complicado para el sector.

En los últimos tres años, se había producido un paulatino descenso en las cifras de producción de uva para vinificación.  Por ejemplo, en 2020 se produjeron en Albacete 623.600 toneladas de uva; en 2021 fueron 472.200 y el dato provisional para 2022 es de 404.800. 

El problema es que el consumo de vino  no termina de recuperarse y volver a las cifras anteriores a la pandemia. Además, este descenso en el consumo viene acompañado de fuertes aumentos de producción en países como Francia. Así que la cuestión es saber si las medidas recién aprobadas por el Gobierno serán suficientes para hacer frente a la situación del sector.

Según el Ministerio de Agricultura, a partir de ahora se tendrá en cuenta solo la superficie de viñedo de la explotación, en lugar de la superficie agraria total,  en el procedimiento de reparto de autorizaciones de nuevas plantaciones.

Además, se modifican las puntuaciones  para priorizar a las solicitudes de medianas explotaciones vitícolas, con el objeto de favorecer a los proyectos con mayor viabilidad y perdurabilidad en el tiempo, que garanticen una mejor salida de su producción en el mercado.

También se permitirá la transferencia de autorizaciones en el caso de la disolución de una explotación de titularidad compartida, y quedará prohibida la comercialización de la producción de una plantación de viñedo sin autorización hasta el momento de su arranque.

Por último, cabe señalar que se actualiza la lista de variedades de uva de vinificación autorizadas. En el caso de las cinco provincias que forman la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la cifra de variedades autorizadas por ley es de casi 60.

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