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CLM pide que recurrir los contratos públicos no salga gratis

L.G.E.
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El consejero de Hacienda se queja de que hay una 'sobrerregulación' y que es difícil incluir cláusulas sociales

CLM pide que recurrir los contratos públicos no salga gratis - Foto: Javier Pozo

Durante dos días se reúnen en Toledo responsables de todas las comunidades y ciudades autónomas que se encargan de sacar contratos públicos. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, bromeó diciendo que venían a hacer «terapia de grupo». Y es que la contratación pública es de las cuestiones más complejas de la administración. Es más, el propio consejero se encargó de repasar algunas de esas complicaciones con las que tienen que lidiar.

Una de esas quejas viene por el exceso de garantismo. «Aquí se puede recurrir todo y de manera gratuita», señaló. Ruiz Molina apunta que no es solo que se recurra, sino que eso implica retrasos para esperar a la resolución de ese recurso o bien paralizaciones. «Está bien que se recurra, pero cuando hay motivos suficientes para ello», expuso. Esta es una de las reivindicaciones que trasladará al Gobierno de España: «Hemos instado al Ministerio de Hacienda para que recurrir no sea tan fácil o al menos no sea gratis». 

Otra de las cuestiones que tiene para hacer 'terapia de grupo' es la «sobrerregulación» del ámbito de la contratación pública. «Todo el mundo está aprobando normas que, sin ser de contratación, afecta a la contratación», apunta. Ruiz Molina explica que tanta complejidad normativa «ralentiza los procesos y no nos permite ser lo que nos exige la sociedad; ágiles y eficientes en la asignación del gasto público». 

Asimismo lamenta que esa 'sobrerregulación' actúa muchas veces como cortapisa pasa favorecer determinadas políticas sociales a través de la contratación. Menciona que resulta difícil «incluir determinadas cláusulas que favorezcan la inserción de personal con discapacidad o en exclusión social, o favorecer la igualdad entre hombres y mujeres». 

También echa en falta más coordinación entre el Estado, las comunidades y las entidades locales. «Gestionamos un porcentaje muy elevado del gasto público y pocas veces se nos escucha a la hora de elaborar normas relacionadas con la contratación», lamenta.