La pandemia se ha caracterizado por una mortalidad sin precedentes ante un virus desconocido para la humanidad y ante la demora registrada en la llegada de las vacunas y el proceso de inoculación en general. Una realidad que, en el plano económico, también ha marcado una crisis de una gran profundidad que ha dejado un difícil poso de recuperación tras el esfuerzo acometido desde el Gobierno de España para paliar los contagios por la COVID-19.
Los economistas consideran que el retorno a una situación fiscal habitual, es decir, al crecimiento nominal medio y al saldo primario registrados durante el período 2000-2019, no se producirá de igual modo en las principales economías europeas y, en el caso de España, no se volvería a los niveles de deuda anteriores a la pandemia hasta dentro de 89 años, según señalan los expertos de Euler Hermes en un estudio publicado recientemente.
En comparación con el resto de Estados de la Unión Europea, mientras que Alemania volvería a los niveles de deuda anteriores a la COVID-19 en 2028, otros pesos pesados de la eurozona necesitarían mucho más tiempo: Italia 26 años y, por ejemplo, Francia 67 años.
Frente a esta crisis, los gobiernos del bloque comunitario decidieron rápidamente respaldar a los hogares y a las empresas con un apoyo económico sin precedentes que provocó un notable deterioro de las finanzas públicas en toda la eurozona en 2020.
Ante esta situación, el panorama de la deuda pública europea nunca ha sido tan heterogéneo a nivel de países. Y es que siete de ellos (Grecia, Italia, Portugal, España, Chipre, Francia y Bélgica, que representan en conjunto más del 50% del PIB de la eurozona) presentan actualmente una relación deuda y PIB cercana o superior al 120% del PIB, es decir, el doble del objetivo fijado en Maastricht.
Según se indica en el informe, el sobreendeudamiento de la COVID-19 resultará complicado: en 2021-2022, la relación entre el pasivo y PIB de la eurozona debería estabilizarse en gran medida en torno al 100%, ya que los déficit públicos siguen siendo demasiado abultados teniendo en cuenta, además, que el nivel de ingresos se ha reducido ante el freno de la actividad de los sectores no esenciales, así como la caída del consumo por parte de la población que también está sufriendo los efectos de la pobreza y la vulnerabilidad laboral en sus puestos de trabajo.
«Pero lo que ocurra después de 2022 es una incógnita, ya que depende de una compleja combinación de variables», según alertaron los expertos tras asegurar que, a menos que los grandes países de la eurozona incluyendo a Francia, España e Italia, registren aumentos notables en el crecimiento del PIB nominal y mejoren los saldos primarios, el retorno a los niveles de deuda en relación con el PIB anteriores a la crisis no se producirá antes del año 2035.
Largo plazo
Así, el shock provocado por la COVID-19 tendrá un impacto a largo plazo en las finanzas públicas de las regiones, no solo en forma de sobreendeudamiento persistente, sino también en el refuerzo de un cambio de paradigma en lo que respecta a los conceptos económicos de deuda pública y política fiscal.
Para los expertos, una «política fiscal activa» es la única alternativa dado que el horizonte de planificación se está volviendo cada vez más a largo plazo «un ancla común» para garantizar la solidez de las políticas fiscales y la sostenibilidad de la deuda en medio de un contexto de grandes cambios, como la digitalización y la robotización.