La Policía atribuye una función a cada acusado de traficar

J.G.
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El principal investigado entregaba dinero a dos correos que traían la droga de Madrid a la ciudad y él la vendía a dos procesados, una de las cuales tenía colaboración familiar

Imagen de un instante del juicio. - Foto: Arturo Pérez

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogió ayer la segunda sesión del juicio en el que ocho personas se enfrentan a penas de hasta ocho años de prisión por traficar con drogas, una vista en la que la Policía atribuyó a cada uno de los procesados una función en el entramado de distribución de estupefacientes.

El jefe del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía fue el primero en declarar y explicó que la investigación que comenzó en abril de 2019 se inició con la vigilancia del principal encausado J.A.S.I.

En este sentido, comentó que tras los seguimientos que se realizaron a su persona dedujeron que los acusados D.G.R. y su novia J.E.R.Z., ambos de nacionalidad colombiana, eran las personas que ejercían como correos para traer la cocaína a Albacete. De esta forma, realizaban viajes a Albacete (puesto que residían en Alicante), para suministrar la cocaína a J.A.S.I., que tenía guardados los estupefacientes en un trastero que había alquilado en su edificio.

Una vez que la droga estaba en Albacete, J.A.S.I. se la vendía a varios clientes entre los que destacaban B.T.G. y F.R.S., que le compraban cantidades importantes de sustancia estupefaciente. 

En cuanto a F.R.S. contaba con la colaboración de varios familiares para llevar a cabo su ilícita actividad. En concreto, su hermana Y.R.S., que vivía con los padres de ambas, era la persona que le ocultaba la cocaína, con el fin de no tener grandes cantidades de droga en su vivienda. 

Por su parte, su hija T.F.R. y su yerno P.L.D., guardaban el dinero fruto de la venta de drogas, por lo que les avisaba para que le llevaran efectivo cuando iba a realizar una compra a J.A.S.I., unas afirmaciones que los policías que declararon apoyaron con los seguimientos que habían realizado a los procesados y en las escuchas telefónicas, que según ellos no dejaban dudas de su actividad ilícita.

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