"Los pueblos que ya no tiene solución suelen tener estos epílogos letales: se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede es el colapso total del Estado". Estas palabras de Cicerón, vertidas hace algo más de dos milenios y que circulan hoy como la pólvora por WhatsApp, se ajustan perfectamente a la situación que está viviendo España en estos momentos.
La zozobra es generalizada. Tras el anuncio del presidente del Gobierno de llevar a cabo la reforma del delito de sedición, por petición expresa de sus socios independentistas, se ha puesto sobre la mesa la del delito de malversación, otra demanda de ERC que, si nadie lo remedia, podría beneficiar a un buen número de condenados. Sin embargo, estos dos asuntos tan trascendentales parecen haberse quedado en peccata minuta tras la enorme polémica que está suscitando la reducción de penas de violadores y las potenciales indemnizaciones por la pésima redacción y tramitación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí.
Las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como las de su número dos, Ángela Rodríguez Pam, en las que, entre otras lindezas, llamaban machistas y fachas a buena parte de la magistratura por conceder la reducción de penas son ataques furibundos que deberían ser cortados de raíz por el presidente del Gobierno. Sin embargo, Sánchez, una vez más, ha mostrado una tibieza inquietante desde Bali sobre este asunto, mientras buena parte del socialismo censuraba sin ambages las acusaciones de Igualdad y abogaba por reconducir la situación, revisando la norma y modificándola si fuese necesario.
Las prisas no son buenas consejeras y la aprobación de esta ley se ha tramitado vía exprés, haciendo caso omiso a las advertencias de algunos organismos, que emitieron informes previos avisando de los problemas que podía acarrear su visto bueno. La norma se aprobó en el mes de mayo y, tras superar una serie de problemas técnicos, entró en vigor el pasado siete de octubre. Ahora, más de una decena de delincuentes sexuales han visto reducida su condena y algunos de ellos han sido incluso puestos en libertad. Las penas de la nueva norma son menores y cualquier cambio penal que favorezca al reo tiene efecto retroactivo. Será el Supremo el que se pronuncie en menos de un mes sobre el asunto y el que siente jurisprudencia al respecto, pero, pase lo que pase, es evidente que con esta ley ha habido errores de bulto. Rectificar es de sabios y la táctica torticera de linchar a los jueces para eludir responsabilidades debería tener consecuencias si no se pretende que, como decía Cicerón, el Estado colapse definitivamente.