La sesión plenaria en el Congreso de los Diputados de este jueves ha vuelto a poner de manifiesto el poco ánimo que tienen determinadas señorías a debatir sobre lo que de verdad importa a los ciudadanos, demostrando que les cuesta horrores dejar a un lado sus orgullos y estrategias políticas.
El pleno de ayer debatía sobre el decreto de medidas anticrisis del Ejecutivo de Pedro Sánchez, esas que tienen que ayudarnos a todos a superar este bache, por no decir socavón, que nos ha dejado primero la pandemia, cuando parecía que remontábamos el vuelo tras la crisis financiera de 2008, y que parecía que empezábamos a dejar atrás cuando el presidente ruso decidió invadir Ucrania, con los devastadores efectos que está teniendo en la población de aquel país primero, y los menos dramáticos, pero también importantes, que está teniendo en el resto de Europa en lo económico y energético después.
Medidas que poco o nada tienen que ver con el supuesto espionaje del Gobierno central a determinados líderes independentistas en el llamado 'caso Pegasus', y que puso en jaque la aprobación de ese paquete, que finalmente será tramitado como proyecto de ley y no como decreto, como iba a ir en un principio. Una concesión para que los grupos pudieran hacer sus aportaciones.
Una cosa es ese sospechoso suceso de las escuchas a los líderes del procès, que podrá ser o no delito, y podrá ser o no cuestionable en una democracia como la nuestra, y cosa bien distinta es la convalidación del decreto de medidas anticrisis. Perfecto, que se investigue el supuesto espionaje si no tenía justificación judicial alguna y, llegado el caso, que se depuren las responsabilidades oportunas, en el CNI o donde haga falta. Pero hacer depender de ese hecho la aprobación de medidas de ayuda que permitan que exista una menor incidencia de los efectos de la crisis en el bolsillo de los ciudadanos es una jugada poco entendible para los mismos ciudadanos. Del mismo modo que es poco entendible jugar a desestabilizar al Ejecutivo con este tipo de maniobras en un momento crucial para la sociedad.
Hablamos de la escalada en el precio de la energía, de la enorme inflación, hablamos de los 6.000 millones que irán a parar a los ciudadanos en ayudas directas en los precios de los carburantes, o los 10.000 millones en créditos ICO.
Pero no, la condición es satisfacer los propios intereses. Es lo que mostraron ayer el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que pide la cabeza de Margarita Robles como condición. O del PP, con su negativa a apoyar esta iniciativa si no se aprueba una bajada generalizada de impuestos, desaconsejada ya por el Fondo Monetario Internacional, para que Núñez Feijóo pueda ganarse el favor de los suyos, cuando venía a establecer un nuevo orden en las relaciones con el Ejecutivo.
Mientras la desestabilización al Gobierno sea el interés mayor de estos partidos, vote lo que se vote en el Congreso, será muy difícil centrar el tiro en el ciudadano.