El pasado 5 de mayo los tres grupos políticos que nos representan en las Cortes de Castilla-La Mancha (PSOE, PP y Ciudadanos) dieron el visto bueno a la inminente Ley de diversidad sexual y derechos Lgtbi. En las notas de prensa emitidas por la Junta de Comunidades se deshicieron en elogios sobre la sabiduría que encierra el texto y la buena voluntad de la oposición para aprobarla por unanimidad. Una ley de las que ya no quedan, nos une a todos en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho.
Entre amigos, la unanimidad política es lo que más me sorprende y preocupa. ¿De verdad comulgan todos nuestros representantes con la ideología de género? ¿Aceptan que las personas nacen asexuadas y deciden el género a su antojo? Por favor, no nos digan que es un imperativo constitucional que el art. 14 de la CE ya defiende a todos y cada uno. Es un imperativo de lobby Lgtbi anidado en las Naciones Unidas desde Mayo del 68 y posteriormente convertido en grupo de presión. ¡Pobre del político que critique la ideología de género!
La consejera de Igualdad presumió de la participación de toda la ciudadanía. ¿Seguro? No me cabe la menor duda que los grupos del colectivo Lgtbi se involucraron a fondo. Pero, ¿se atrevieron a consultar a los profesores y psicólogos a los que se les niega el derecho de objeción de conciencia? ¿Preguntaron a las familias normales, como la tuya y la mía, que ni siquiera podrán dar su opinión cuando su hijo decida un cambio quirúrgico de sexo? En un desliz, la consejera admitió que no procedían tales consultas la ley «ha sido hecha para luchar contra los estereotipos y las ideas preconcebidas, contra el miedo y el sectarismo» (del 99% de la población, añado yo). 
Dime de lo que presumes y te diré de los que careces.