Los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año recibieron luz verde en el Consejo de Ministros. Después de un encuentro de madrugada entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, las cuentas públicas, cómo no, están llenas de dádivas, cheques y un aumento de gasto preludio del año electoral que se avecina.

La subida de las pensiones con el IPC que puede rondar el 9%, la paguilla a los funcionarios de hasta 900 euros y la subida de los salarios, un aumento del cheque para familias con hasta 3 hijos o mayores prestaciones para desempleo son algunos de los gastos millonarios que acometerá el gobierno desde el 1 de enero de 2023.

Gastos excesivamente selectivos que dejan fuera a millones de españoles que seguirán sin ver ni un euro de la millonaria recaudación extra que Hacienda está logrando por la vía de la subida de precios. Ni siquiera la anunciada rebaja del Impuesto sobre la Renta tendrá el más mínimo impacto en la mayoría de los hogares, proporcionando así algo más de dinero disponible para los gastos esenciales. La bajada, como ya han apuntado los expertos, tiene más trampas que una película de chinos y apenas lo notarán unos pocos. En palabras de la ministra, apenas el 20% de los contribuyentes lo percibirá y ni siquiera.

Hay que tener en cuenta además que esto es solo el anteproyecto. Después, cuando los PGE entre en el Congreso vendrán los siguientes óbolos, que Sánchez tendrá que conceder si quiere que sus socios de legislatura se los aprueben. El problema es que todo esto ocurre cuando las previsiones macroeconómicas del gobierno han vuelto a bajar para el año que viene. El PIB, según Calviño, crecerá un 2,1% (6 décimas menos que la anterior revisión) y hay que señalar que aún siguen siendo muy optimistas, teniendo en cuenta que Alemania no descarta entrar en recesión y que la inflación media en la eurozona está ya en el 10%.

Lo que no se le olvida al gobierno de coalición es la demagogia barata que se gasta con empresas y patrimonios, a los que se sigue ahogando y expulsando. La fuga es ya notable a países tan próximos como Portugal o Andorra. Un dinero que deja de invertirse en España, que huye de la confiscación y que supondrá también la marcha de talento y la nula atracción de empresas y directivos. Por supuesto, lo que más necesita el país que es un recorte drástico del gasto público superfluo, que es millonario, ni está ni se le espera. Veremos que más peajes tiene que pagar Sánchez y si Europa tiene algo que decir.