El pasado año dejó un descenso del cuatro por ciento en las denuncias por violencia de género que llegaron a órganos judiciales de la provincia de Albacete, de acuerdo a la estadística anual que publicó recientemente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, fueron una menos del millar, 999, por 1.040 en 2021. El número de mujeres víctimas coincide de forma exacta con el de denuncias en 2022, con lo que esa cifra supone una disminución del 2,7% con respecto a las 1.027 del año anterior.

Casi el 70% de las víctimas fueron españolas (696), por algo más del 30% (303) de mujeres extranjeras. Este es un dato especialmente significativo, ya que las mujeres de otras nacionalidades suponen solo el 6,4% de las residentes en la provincia albacetense, y es algo más bajo que el de 2021, cuando las damnificadas extranjeras eran el 35%.

En cuanto a la vía por la que llegaron las denuncias, destaca el aumento de casos por intervención directa policial, que pasan de 60 en 2021 a 122 en el año pasado, suponiendo un 12% del total. La amplia mayoría siguen siendo denuncias de las propias víctimas (791 y un 79%), mientras que los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado fueron 77 (7,7%). Completan el listado, con muy pocos casos, las denuncias de familiares (seis) y de asistencia de terceros (dos).

Por partidos judiciales, el 62% de las denuncias entró en los juzgados de la capital provincial (620 denuncias), un porcentaje seguido por el de los de Hellín (13%), Villarrobledo (8,8%), Casas Ibáñez (5,9%), La Roda (5,1%), Almansa (3,7%) y Alcaraz (1,2%). 

En el 40,6% de los casos denunciados la relación entre la víctima y el denunciado era haber mantenido una relación afectiva no matrimonial previa, mientras que en casi el 30% esa relación aún estaba vigente en el momento de la agresión. Mientras, en el 15,8% el denunciado era el cónyuge y en el 13,5% el excónyuge. 

En cuanto al avance de la tramitación judicial, en 122 de ellos la víctima se acogió a la dispensa de declarar como testigo, situación que ocurrió con 78 mujeres españolas y 44 extranjeras.

Con todo ello, la ratio de denuncias presentadas se queda en 51,8 por cada 10.000 mujeres, dos puntos menos que en 2021.

Un mayor descenso se dio en el procesamiento de delitos tipificados como violencia de género, que en 2021 llegaron a 1.201 (quizá con influencia de los que pudieran retrasarse en 2020), mientras que el año pasado fueron 994, un 17% menos. 

Entre esos delitos, los juzgados abordaron dos homicidios (aunque cabe destacar que solo uno se produjo en la provincia durante el año pasado), mientras que la tipología más común fue la lesiones y malos tratos recogidos en el artículo 153 del Código Penal (los de menor gravedad, con penas de entre tres meses y un año de prisión o trabajos comunitarios). Estos fueron 426, un 42,8% del total, aunque se redujeron en casi 200 con respecto a 2021.

Mientras, aumentaron los casos con lesiones más graves y los que suponían quebrantamiento de penas o medidas de protección. En el primer supuesto, pasaron de 191 en 2021 a 220,  un 22% del total, los incluidos en el artículo 173 del Código Penal (violencia física o psíquica continuada, con penas de seis meses a tres años). De forma más notable crecieron, de 39 a 109 casos  y un 11% del total, los tipificados en el artículo 148, que contempla condenas de dos a cinco años de prisión para lesiones graves.

Por otra parte, el quebrantamiento de medidas de protección fue la causa de la denuncia en 137 casos, 13 más que en 2021 y un 13,7% del total, en tanto que se duplicaba el incumplimiento de penas, hasta alcanzar los 27 delitos (un 2,7% de los procesados).

En cuanto al contenido de esas medidas dictadas por los magistrados durante 2022, cabe destacar que fueron 953, de las que el 79,5% fueron de carácter penal, mientras el 20,5% restante se quedaba en el ámbito civil. 

Entre las primeras, las más habituales fueron prohibición de la comunicación, decretadas en 241 ocasiones, seguidas de órdenes de alejamiento, en 220. La suspensión de tenencia de armas, en 197 ocasiones, fue la tercera más decretada. Mientras, de las medidas más civiles, se decretaron 64 pagos de prestación alimenticia, 47 suspensiones del régimen de visitas y 32 atribuciones de la vivienda.

Por último, los juzgados decretaron el sobreseimiento libre en 24 ocasiones, el 2,4% de las causas procesadas. De ellas, la mitad fueron por no existir indicios racionales de la comisión del delito o porque el hecho no fuera constitutivo de esa condición. Por otra parte hubo 384 sobreisimientos provisionales, por no resultar justificada la perpetración del delito.

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