El magistrado Mariano López Molina, nació en Albacete en 1980, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha y aprobó la oposición de juez en mayo de 2007. Todos sus destinos como juez han estado en Canarias y ahora está destinado en el Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas. Además, entre 2018 y 2019, estuvo siete meses en Luxemburgo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Actualmente pertenece a la Red Judicial Española de Cooperación Internacional y es miembro de Jueces y Juezas para la Democracia. 

Lleva muchos años en Canarias, ¿para un albacetense es difícil la vida insular? 

A mí no me ha resultado complicado, los manchegos nos adaptamos a cualquier sitio. Los albaceteños estamos acostumbrados a la llanura y aquí también ves una extensión ilimitada pero de mar. 

Actualmente pertenece a la Red Judicial Española de Cooperación Internacional, ¿qué es este organismo?, ¿a qué se dedica? 

La Red Judicial Española de Cooperación Internacional fue creada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se dedica a prestar asistencia y ayuda a cualquier compañero que tenga alguna duda o problema en algún procedimiento en el que haya elemento extranjero; es decir, cuando una de las partes sea de fuera y no sabe que normativa o que reglamento aplicar. Estamos especializados unos en civil y otros en penal, en mi caso en civil. También actualizamos todas las herramientas que hay en Internet que puede encontrar cualquier compañero, para que sepa que tratado es aplicable, si ha habido alguna modificación del reglamento, todo enfocado a la cooperación judicial internacional. 

Además participamos en muchos proyectos que hay de cooperación judicial, por ejemplo de modificación de un reglamento comunitario o de propuesta de creación de un reglamento comunitario en alguna materia. Siempre alguno de nosotros participa en alguno de estos proyectos que son de la Unión Europea para informar o dar la opinión que tenga España. Esto también se hace en el ámbito iberoamericano. 

Entiendo que en un mundo cada vez más globalizado, su labor es cada vez más importante. 

En todas las provincias de España, hay muchísimas consultas, porque cada vez hay más procedimientos en los que una de las partes es extranjera. Cada vez hay más cuestiones de cooperación internacional y más dudas, porque la materia es amplísima. Por eso tenemos que formarnos, irnos especializando en algunas materias, para ayudar a los compañeros. 

¿Cuáles son los países que les dan más trabajo? 

Por cercanía nos da más trabajo Francia, Italia y Alemania dentro de la Unión Europea y también Reino Unido, que nos ha obligado a formarnos para ver como actuar con el Brexit. Fuera de la UE también tenemos los países del Este. De fuera de Europa, nos da mucho trabajo Marruecos y Sudamérica. El trabajo está relacionado con los intereses de España fuera, que son UE, Marruecos y Sudamérica. Hablamos de países con los que España tiene una relación más estrecha. 

Ha comentado que una de sus labores es resolver dudas de compañeros jueces que se enfrentan a casos que para ellos no son habituales, ¿cuáles son los casos más habituales que llegan a sus manos?

La gran mayoría de los casos que nos llegan son de familia, como divorcios, separaciones, custodia de hijos, pensión de alimentos… Generalmente hablamos de casos en los que una pareja, no tienen porque ser españoles, en la que uno se va a su país de origen y se lleva a los niños. 

¿Cómo actúan en estos casos? 

Lo primero que tenemos que ver es si el juez es competente, en segundo lugar si se es competente hay que ver que ley se aplica y luego si hay que comunicarle la demanda a una persona de otro país, ver cómo hacerlo, tanto si son de la UE, como si no.

¿Cómo se resuelven estos casos? 

Si es dentro de la UE, la cuestión es un poco más sencilla, porque hay reglamentos en muchas materias, que se aplican igual en toda la UE, con lo que sólo hay que acudir a esos reglamentos para determinar si es competente y la normativa a aplicar. Si es de fuera la cuestión se complica más, porque hay que ver si España y ese país son parte de algún tratado que regule esa materia. Si no lo son la cosa se complica aún más y en ese caso se acude a la normativa española que haya, que son el Código Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero lo primero que hay que ver siempre es si hay algún tratado que hayan firmado los dos países. En la UE es fácil porque siempre hay acuerdos y fuera de la UE siempre acudimos a los convenios de La Haya, a la página de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y hay muchos tratados firmados por España y otros muchos países, como sucede con España y Marruecos.

Ha comentado que otra de sus funciones es estar inmersos en proyectos de cooperación judicial internacional, ¿en que proyectos está trabajando ahora? 

Ahora mismo en el proyecto en el que estoy, es un proyecto en el colabora el CGPJ español, con otros Consejos de diferentes países de la UE y es para ver si se elabora un reglamento en materia de protección de las personas con discapacidad. Lo que estamos haciendo es ver las medidas que hay en cada país, porque varían según el país y cómo las podemos uniformar o cómo podemos salvar los obstáculos, cuando yo tengo que reconocer una incapacidad que ha sido declarada en otro país, por ejemplo. Particularmente llevo en este proyecto desde diciembre del año pasado. Hemos estado reuniéndonos casi todas las semanas y ahora ya culmina con una Conferencia en París y hay una propuesta que se hace a la Comisión Europea, para elaborar un reglamento específico en esta materia. 

¿Qué va a proponer usted?

Lo que voy a hacer es hablar desde la óptica del juez español, de los problemas que puede haber, de las diferencias de nuestra normativa, que ha cambiado mucho en protección de personas con discapacidad, con otras de otros países de la UE. Lo que vamos a proponer es que para garantizar que haya una legislación igual en toda la UE, que eso es siempre lo que se pretende, es que se elabore un reglamento específico sobre la materia. España lo que propone es que en vez de aplicar distintos reglamentos según el país, se elabore un reglamento único sobre toda esta problemática que hay, sobre todo cuando hay que reconocer cualquier decisión judicial de otro país en España, tanto personal, como patrimonial. España eliminó la declaración de incapacidad, ya no hay sentencias de incapacidad, con lo que se plantean diferencias con otros países. Estos problemas hay que solucionarlos.

Entiendo que les llegan casos de toda España, ¿también de Albacete?

Sí, por ejemplo hemos estado en contacto con el Juzgado de Familia de Albacete, en esta materia de discapacidad. Hablé con las compañeras del Juzgado de Familia para que rellenaran una encuesta, porque lo primero era saber los problemas a los que se enfrentan los jueces y juezas españolas cuando les llegan estos temas. En Castilla-La Mancha se habló con Albacete y Guadalajara, por población y número de casos.

Con la llegada de la guerra se espera que llegue a la jurisdicción Contencioso-Administrativa una avalancha de asuntos de asilo y refugio, ¿es un tema que traten en la Red Judicial Española de Cooperación Internacional? 

Si que se trata, en el sentido de que cualquier compañero que tenga una duda sobre si es competente y que normativa debe aplicar, siempre puede plantear la duda a la Red Judicial, por eso estamos en toda España porque si es necesario se puede contactar con un miembro de la red para que contacte personalmente, en ese aspecto sí, pero no en el sentido político, nosotros sólo actuamos en el aspecto judicial. En cuanto a política judicial hay otra asociación que se llama Medel (Magistrados Europeos en Defensa de los Derechos y Libertades) que ésta si que presta una asistencia más directa. Por ejemplo, si hay algún operador jurídico, algún juez de Ucrania, que esté en problemas y necesita apoyo para abandonar el país, pues Medel le ayuda, ya se hizo en Turquía y recientemente en Afganistán, porque había juezas afganas amenazadas, que tuvieron que abandonar el país y esta asociación se encargó. 

La avalancha de asuntos de asilo y refugio, ¿afectará a los juzgados de todas las provincias de España? 

No, va a afectar más a los órganos que tengan competencia en materia de asilo, que normalmente será la Audiencia Nacional, que es por lo que el CGPJ ha pedido refuerzos. 

Recientemente participó en el I Congreso Interasociativo de Jueces y Magistrados en Albacete, como representante de Jueces y Juezas para la Democracia, ¿qué le pareció?

La opinión unánime es que fue muy provechoso y muy productivo y salimos todos muy contentos, sobre todo por la imagen de unidad que se ofreció, porque si los jueces no estamos unidos en nuestras reivindicaciones, tenemos todas las de perder, sobre todo porque vimos que, lo que nos une, es muchísimo más que lo que nos separa. Fue tan positiva, que se tomo la decisión de repetir el congreso anualmente y de hecho, algunas mesas de trabajo no finalizaron en Albacete. Hubo una discusión presencial, que es muy importante, pero luego el trabajo sigue en desarrollo.

Como miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, ¿qué le parece la situación de no renovación del CGPJ? 

La no renovación del CGPJ para la carrera judicial es una situación angustiosa y para la imagen de España en el exterior es penosa. Es una imagen muy negativa que se da del país y del sistema español, que lleve más de tres años es una vergüenza, nos parece a todos una situación lamentable. Yo creo que la renovación del CGPJ es algo muy urgente, que no creo que haya que supeditar a ningún acuerdo en nada más. Creo que los políticos tendrían que tenerlo ya sobre la mesa y hacerlo ya, porque la imagen que se está dando, cuando hablas con los compañeros de otros países, es muy mala, es malísima.

¿Cómo cree que se podría solucionar el problema a corto plazo?, ¿qué se debería hacer para que no se volviera a dar el problema a largo plazo? 

A corto plazo, y creo que es la opinión cada vez más extendida en la carrera, es que debe haber una renovación urgente con la normativa que había cuando acabó el mandato del CGPJ, que se renueve ya conforme a la Constitución y se haga de manera inmediata. Cuando termine el mandato del nuevo CGPJ, en este caso si que habría que debatir el cambio de modelo, porque la mayoría de la carrera judicial está por el cambio de modelo, en el sentido de que los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces, pero ahora es algo tan urgente que lo que hay que hacer es la renovación inmediata, conforme a la normativa que hay ahora.