Fernando Grande-Marlaska era nombre mítico cuando ejercía como juez que luchaba de forma implacable contra el terrorismo y no caía en la tibieza de otros compañeros que tendían a aceptar decisiones que interesaban a los gobiernos de turno. Había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, y no extraña, por tanto, la gran sorpresa que provocó su nombramiento como ministro de Interior en el primer gobierno de Pedro Sánchez, que era precisamente lo que pretendía el nuevo presidente, que no da puntada sin hilo. Sabía que con la incorporación de Marlaska tranquilizaba a quienes temían la coalición con Podemos: el nombramiento de Marlaska era una garantía de que ese partido no podría sacar adelante sus ideas más perturbadoras aunque formaran parte del acuerdo escrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Aceptó Marlaska las cesiones de Sánchez a Podemos y al independentismo, la asociación con Bildu -¡con Bildu!- cuando Marlaska sabía mejor que nadie a quien representaban, los indultos a condenados por sedición, y el largo etcétera de decisiones de Sánchez que media España consideraba inaceptables y la otra media las toleraba solo porque así se impedía que el PP volviera a gobernar. A muchos de los que sentían admiración por Grande-Marlaska porque no se casaba con nadie, solo con el cumplimiento de la ley, se les cayó la venda de los ojos.
El pasado junio se llegó al punto máximo de decepción cuando en el asalto de la valla de Melilla, que se saldó con la muerte de veintitantos inmigrantes, docenas de heridos, y la "devolución" instantánea a Marruecos de varias decenas de marroquíes y subsaharianos que habían logrado cruzar la frontera, el ministro dijo que el incidente había sido "bien resuelto" con una actuación "escrupulosa" de las fuerzas policiales.
Cualquiera con dos dedos de frente vio irregularidades desde el primer momento, pero sobre todo vio un tratamiento inhumano hacia personas que, efectivamente, pretendían entrar de manera ilegal a España, pero no habían cometido más delito que tratar de huir del hambre, y veían la valla como el último obstáculo a salvar después de cruzar a pie durante meses, incluso años, medio continente africano.
Ángel Gabilondo, exministro socialista, hizo un informa demoledor como Defensor del Pueblo desde el punto de vista humanitario, no entró en consideraciones legales; un documental de la BBC descubre actuaciones de la policía marroquí claramente delictivas, algunas de ellas permitidas, por inacción, por las fuerzas de seguridad española, con datos escalofriantes. Desde el Parlamento Europeo se ha pedido la comparecencia de Marlaska ante la comisión que se ocupa de garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos. La oposición española, y Podemos, exige pide la comparecencia de Marlaska en el Congreso para informar sobre lo ocurrido.
¿La respuesta? No sabe, no contesta.
Se comprende que, hoy, aquella figura admirada sea una de las más detestadas del gobierno. Por la inconmensurable decepción que sienten quienes confiaban en su rectitud.