El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete ha detenido o investigado a 66 personas en los primeros nueve meses del año. Unas cifras que demuestran su gran efectividad, ya que suponen más del doble de arrestos que los que realizaron en el mismo periodo temporal de 2018.
En cualquier caso, el jefe del Seprona, José Ángel Rozalén, no atribuye el aumento a su capacidad para arrestar a los infractores, sino al repunte de la delincuencia en un área muy concreta. «La variación es debida sobre todo al repunte de los delitos relativos a la ordenación del territorio».
Además añade que detectan más hechos delictivos gracias a la labor de los Ayuntamientos. «Hasta el mes de octubre de 2019 existe un aumento de los delitos contra la ordenación del territorio, debido a que los Ayuntamientos, como órganos sustantivos en materia de ordenación del territorio y urbanismo, están comunicando con mayor frecuencia las irregularidades urbanísticas al Ministerio Fiscal».
Las razones. En concreto, durante los nueve meses reseñados se ha investigado a 28 personas por delitos contra la ordenación del territorio, principalmente por la construcción de edificaciones en suelo rústico no autorizable. Unas cifras muy superiores al mismo periodo del año 2018, cuando sólo hubo un investigado por este motivo.
Además cabe destacar que en 2019 se instruyeron diligencias por 13 delitos de construcciones ilegales, frente a los cinco de 2018. El jefe del Seprona en la provincia de Albacete atribuye este crecimiento a dos factores. «Se debe a la mayor implicación de las Entidades Locales, y a la estrecha relación entre bonanza económica y realización de construcciones, sobre todo casas de campo».
Aunque no hay un punto de la provincia donde se detecten más casos, Rozalén si que afirma que «en los municipios con mayor superficie de suelo rústico no urbanizable de especial protección (ZEC, ZEPA, Parques Naturales, Dominio Público Hidráulico, etc.) es más fácil cometer este tipo de ilícitos penales».
El segundo delito más común por el que se han producido detenciones este año son los incendios forestales, ya que hay 15 investigados por negligencias graves en la quema de restos de poda o utilización de maquinaria.
Por otra parte, también hay 10 investigados por falsedad documental, se trata de personas que presuntamente alteraron la identificación de los hierros grabados a fuego en un bovino de lidia, confeccionaron ilegalmente los documentos de acompañamiento o falsificaron los documentos de transacción de equinos.
También hay seis investigados por delito relativo a la protección de la flora y fauna, por captura ilegal de fringílidos, por venta ilegal de especímenes CITES, y por destrucción de flora en peligro de extinción (Helianthemum Polygonoides).
Hay tres investigados por maltrato animal, por abandono y por no recibir los tratamientos veterinarios necesarios. Además hay dos investigados por un delito contra los recursos naturales, por alta mortandad de aves protegidas a causa de tendidos eléctricos, y también por la importación ilegal de una cantidad no desdeñable de residuos peligrosos.
Por último, hay dos investigados más por un delito contra la salud pública, por la presunta venta de medicamentos veterinarios sin la prescripción veterinaria para animales de abasto, por no guardar los tiempos de espera obligatorios tras la administración de medicamentos y por actuar en un matadero ilegal sin condiciones higiénico sanitarias.
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