Tras nueve días de conflicto, manifestaciones, piquetes informativos y de los otros, protestas y negociaciones ha llegado el acuerdo sobre el convenio del sector del metal de la provincia de Cádiz. Ha sido un proceso en el que se han revivido escenas de enfrentamientos y de barricadas propios de otros tiempos, que ha sido preludio de otros en cartera como la manifestación de policías y guardias civiles prevista para el sábado, la huelga de los transportistas, las protestas de agricultores y ganaderos y de los empleados de sectores públicos.  

No todos se deben anotar en el debe del Gobierno central, aunque al reunirse todas en un corto espacio de tiempo pueden dar la impresión de que el país arde por los cuatro costados. Por ese motivo es preciso delimitar unas y otras y ver quién es el responsable que se sienta enfrente de los trabajadores o pequeños empresarios que protestan. Lo ocurrido en Cádiz no ha sido otra cosa que un conflicto empresarial de los que se producen decenas cada año. Con un grado de virulencia que es frecuente también en otros sectores tradicionalmente muy combativos a la hora de defender sus derechos. El acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos del sector arroja un resultado que ha satisfecho a las dos partes, y ha contado con un amplio respaldo social en una zona económicamente deprimida. Los piquetes informativos, como siempre se excedieron de su función al tratar de evitar el ejercicio del derecho al trabajo de quienes no querían secundar la huelga, que ahora se beneficiarán de los logros de los sindicatos. En este caso la 'responsabilidad' del Gobierno ha sido la intervención de una 'tanqueta' de los antidisturbios, utilizada para retirar barricadas y que ha generado tensiones internas entre los dos sectores del Gobierno de coalición.  

Los ganaderos no protestan primordialmente contra el Gobierno, sino contra las industrias lácteas que siguen pagando el litro de leche a los productores al mismo precio que hace años cuando han subido todos los insumos. Otro tanto ocurre con los agricultores y con otros sectores que sufren la subida de precios, en especial los de la energía eléctrica y los combustibles. Una subida que se supone coyuntural contra la que también trabaja el Gobierno en la medida de sus posibilidades, a la espera de que el precio de la luz baje. Los transportistas sufren sobremanera los altos costes del gasóleo y han convocado una huelga el mes próximo de carácter preventivo ante la futura imposición de peajes en las carreteras. En muchas de estas protestas subyace la petición de que el Gobierno aplique compensaciones o ayudas directas.  

En otras protestas, los concernidos son los gobiernos regionales, como cuando las mareas blancas se quejan por el despido del personal sanitario contratado para hacer frente a la pandemia a pesar de que se está en una nueva ola y se trata de dar un mayor impulso a la vacunación.  

En la protesta en la que sí está señalado el Gobierno de la nación es en la prevista para el sábado contra la reforma de la "ley mordaza". Una protesta a la que no es ajeno que los sindicatos mayoritarios tengan una orientación ultraderechista, que parece que no se han leído las modificaciones previstas, alguna impuesta por el TC, y que contará con el apoyo de los tres partidos de la derecha.