El Acuerdo Político para la Recuperación de Castilla-La Mancha tras el Covid-19 firmado esta semana por PSOE y Ciudadanos entra muy al detalle en los pasos que se deben dar hacia esa meta  y establece también plazos para su desarrollo. Ambos partidos condicionan el pacto a dos cuestiones: que haya un acuerdo sobre el desarrollo presupuestario de las medidas, que incluiría la modificación de los presupuestos de este año y la negociación de los de 2021 y que exista igualmente coincidencia sobre los cambios legislativos que habrá que acometer.

Así queda recogido en el documento del acuerdo en el que se establece expresamente la elaboración en el plazo de tres meses de un anexo presupuestario que contenga la cuantificación económica de las medidas recogidas en el mismo, las modificaciones que habrá que hacer en el presupuesto de este año y que se consensúe entre ambos partidos el del próximo año. La falta de consenso en torno a estas cuestiones, «supondrá la resolución del presente acuerdo», señala el documento rubricado el miércoles en el Palacio de Fuensalida.  

No es la única condición que ambas partes se han fijado como imprescindibles para que el pacto no muera en el intento. La otra cuestión vital se sitúa en la elaboración en el plazo de un mes de un anexo que recoja todas las normas con rango de ley o reglamentario que es necesario aprobar o modificar, aunque sea de forma puntual, para activar las medidas recogidas en el documento. De nuevo, se cita el desacuerdo en este punto como una razón para la resolución del acuerdo.

En materia legislativa, ambos partidos hacen referencia a la Ley de Medidas Urgentes para Proyectos y Actuaciones Prioritarias en la región, con la que se quiere fomentar las iniciativas empresariales que atraigan inversiones consideradas estratégicas. También se establece la modificación de la  Ley de Hacienda,  para eliminar trabas al desarrollo de la actividad económica y financiera y agilizar la tramitación administrativa de las líneas de ayuda urgentes previstas en el Plan y la reforma integral de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), con el mismo fin de acortar tiempos y, además, de adaptarla a la Agenda 2030.

Once capítulos. El pacto se articula en once capítulos que abordan los diversos ámbitos de actuación y las medidas a ejecutar, con especial atención a las económicas y al ámbito sanitario. Entre otras cuestiones modifica el concepto que hasta ahora ha primado en los planes de empleo, ya que plantea reorientarlos a personas que acaban de quedar en desempleo y diseñarlos con la perspectiva de que sus beneficiarios puedan asumir tareas en caso de un rebrote de Covid-19, y cita expresamente que se dediquen a «labores de protección civil, asistencia a personas necesitadas en centros residenciales o en domicilios, fabricación de material de protección y logística para su reparto y, en la medida de lo posible, atención a personas con síntomas leves». Forma parte del Capítulo I del pacto, dedicado a las medidas de protección social, en el que también figura  destinar 14 millones de euros para 13.000 familias de especial vulnerabilidad en Castilla-La Mancha y se aborda la creación de una historia social única que quedaría incluida en la tarjeta sanitaria y que permita desarrollar un registro único de acceso a las prestaciones sociales.

Capítulo sanitario. En materia sanitaria, que ocupa el capítulo II del acuerdo, ambos partidos convierten en un compromiso irrenunciable el mantenimiento de los 640 millones de euros previstos en esta legislatura para infraestructuras sanitarias: hospitales, centros de salud y consultorios. Establecen también que las repercusiones económicas por el Covid no alterarán las inversiones previstas en los hospitales de Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Puertollano, el fomento de la inversión tecnológica del sector sanitario, con el fin de mejorar la asistencia médica online de personas de riesgo y de aquellas que viven en zonas más aisladas o despobladas.

La redacción para la primera quincena de julio del borrador del Proyecto de Ley de Reserva Estratégica de Material de Protección Sanitaria, con la participación del los colegios de médicos y enfermería es una de las medidas destacadas, mientras que en el aspecto asistencial, se habla de articular un protocolo de actuación ante posibles rebrotes, de mantener los test PCR para conocer la situación real de la pandemia, más allá de los estudios de seroprevalencia y del aumento de la inversión en el sistema de I+D+i en los próximos años. La dotación de personal y el refuerzo de la Atención Primaria están también recogidas entre un  amplio catálogo de medidas diseñadas para que la región pueda recuperarse del fuerte impacto de la   pandemia.

medidas para los sectores estratégicos
Reactivar la economía y el empleo en los sectores estratégicos

El capítulo más extenso del Acuerdo para la Recuperación de Castilla-La Mancha está destinado a apoyar los sectores estratégicos de la región con el fin de reactivar la economía y el empleo. Con las siguientes medidas:

Turismo.  Aprobación de un plan de promoción nacional e internacional que ayude a reactivar el sector, líneas de ayudas a las empresas turísticas para mejorar la competitividad,  la creación de estímulos regionales para la atracción de inversiones de producción audiovisuales.

Comercio y artesanía. Plan de Modernización y Transformación Digital del comercio, Plan de Dinamización del Comercio Local con plataforma de venta online similar a la de Correos para medio rural.

Sector agrario y forestal. Agilización de la PAC, nueva Ley de Calidad Agroalimentaria, puesta en marcha de la Mesa Forestal y de un Plan de Acciones Forestales.

Sector industrial. Fomentar  los proyectos de inversión industrial (en línea con el Plan Adelante) y crear una línea de asesoramiento para la gestión de las ayudas del Plan Adelante. Acelerar las inversiones públicas ya licitadas en infraestructuras de transporte, hidráulicas, energéticas, medioambientales o de equipamientos.

Industria agroalimentaria. Ayudas para el desarrollo de cadenas cortas de comercialización en mercados locales y actividades de promoción local y a proyectos piloto innovadores.

Industrias culturales y sector audiovisual. Un programa propio con 3,7 millones de euros iniciales para relanzar la actividad cultural.

Economía circular y energías renovables. Elaborar un Plan de infraestructuras verdes y un Plan de competitvidad que impulse a la participación en programas de investigación, desarrollo e innovación, de ámbito nacional e internacional.

Telecomunicaciones. Despliegue de redes de fibra óptica y de tecnología 5G.

Investigación e innovación. Aumentar las subvenciones nominativas a las Universidades, mejorar su financiación e incrementar las becas

Sectores vinculados a la prestación de servicios públicos. Facilitar la reapertura de las actividades vinculadas a estos sectores siempre que se cumpla con las normas de seguridad establecidas por la Consejería de Sanidad, reducir los períodos medios de pago a estos sectores para que dispongan de liquidez.