El Gobierno pone en marcha un plan contra el trabajo forzoso

EFE
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El Ejecutivo pretende proteger a las víctimas y mejorar las políticas de prevención y detección de aquellos casos en los que se pueda estar vulnerando los derechos de las personas

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. - Foto: EUROPA PRESS/E. Parra. POOL

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un plan de acción nacional contra el trabajo forzoso centrado en la protección de las víctimas y que permitirá mejorar las políticas de prevención y de detección.

En una nota, el Ministerio de Trabajo explica que con esta medida se da cumplimiento a una exigencia Organización Internacional del Trabajo (OIT) y destaca que es la primera vez que en España se adopta un plan específico para luchar contra el trabajo forzoso.

Entre las medidas previstas está la tipificación como delito del trabajo forzoso y una intensificación de la actividad de la Inspección de Trabajo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía General del Estado.

Incluye, además, medidas de protección y apoyo a las víctimas: así como iniciativas para el análisis y estudio del fenómeno del trabajo forzoso y medidas de coordinación y cooperación internacional.

"El hecho de que el trabajo forzoso no sea un fenómeno extendido en España no quiere decir que no sea necesario luchar contra los casos existentes, aunque sean reducidos en número, con todos los medios a nuestro alcance", expone la nota.

"El objetivo debe ser la erradicación del trabajo forzoso dentro y fuera de nuestras fronteras", añade.

El plan tendrá una duración de tres años y se creará un grupo de trabajo interministerial que hará seguimiento de su grado de cumplimiento.

Junto con el Ministerio de Trabajo y Economía Social trabajarán, conjuntamente en este plan, los ministerios del Interior; Justicia; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Derechos Sociales y Agenda 2030; Igualdad; Educación y Formación Profesional; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Hacienda.

Además, el plan cuenta con la implicación de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial y se ha elaborado con la participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones especializadas en la lucha contra el trabajo forzoso.