Según las manifestaciones realizadas a La Tribuna de Albacete por el abogado que defiende la causa, Juan Carlos Galvañ, se trata de una vivienda ilegal que los propietarios utilizan de manera habitual y en la que hay tres menores, uno de ellos de acogida.

La vivienda no es la única que tiene expediente y, en su caso, con orden de demolición sobre la mesa porque muchos vecinos están denunciando más casos de viviendas ilegales construidas en el campo.

Galvañ comentó que la vivienda en el campo es ilegal al no cumplir con los metros asignados que han pasado de 10.000 a 15.000 metros en la actualidad y es un problema real que tiene el Ayuntamiento que, a su juicio,  "actúa en connivencia porque sigue cobrando la contribución a los propietarios, tiene la información de las alegaciones sobre este caso y sigue insistiendo en que la vivienda no cumple condiciones de habitabilidad y podría paralizar la demolición ponderando los intereses en juego".

Asegura que hay una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2021 que dice que "el Ayuntamiento en esta fase administrativa debe ponderar los intereses del caso y tomar la decisión correspondiente".

¿Qué prevalece la legalidad urbanística o el interés por la protección del menor?, se preguntó.

Criticó que los representantes políticos del Ayuntamiento, que tanto se jactan de defender a los menores, aprobaron el expediente del caso en el Pleno con los votos a favor del PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de SPV, "es ahora cuando tienen que dar la cara y ser congruentes con lo que dicen defender".

Con la orden de derribo sobre la mesa el abogado tiene un plazo de dos meses de plazo para emprender acciones y manifestó que elevará al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Albacete el caso.