Fernando Lussón

COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


La mejor política social

04/11/2022

El mes de octubre ha dado un respiro al paro registrado después de los derrumbes de los meses previos constatados por los servicios de empleo y la última Encuesta de Población Activa. Octubre mes en el que suele crecer el paro, ha tenido un comportamiento histórico, y además el empleo se ha mantenido un mes más por encima de los 20 millones de trabajadores. Como se dice que la mejor política social es la creación de empleo, que permite a los buscadores de empleo abandonar la lista del paro registrado y atisbar la posibilidad de emprender un proyecto vital el dato del descenso del paro en 27.000 desempleados es una buena noticia sin ningún tipo de complacencia, como dicen los líderes sindicales, porque con 2'9 millones de parados y el doble de paro que en el conjunto de la Unión Europea no es posible mostrarse aliviado.

Pero para que el empleo sea una verdadera política social, más que las ayudas y subvenciones es preciso que la temporalidad siga hacia abajo y aumento de los contratos indefinidos, que el salario que cobren los trabajadores sea el adecuado, de ahí la importancia de que el salario mínimo interprofesional siga creciendo, que los trabajadores protegidos por la negociación colectiva vean que los convenios recogen incrementos que puedan paliar el efecto nefasto de la subida de la inflación, y que se tenga en cuenta a aquellos sectores donde la representación sindical es inexistente. .

Estos aspectos están pendientes de negociación a dos o tres bandas, según el caso. Pero donde antes había sintonía y posibilidad de acuerdos entre la CEOE, los sindicatos y el Gobierno, ahora se han levantado las trincheras y los pactos son más difíciles de alcanzar, sino imposibles. Tras el acuerdo sobre el salario de los funcionarios públicos entre el Gobierno y la mayor parte de las organizaciones que los representan, sus cláusulas podían haber sido una senda por la que se transitara en el sector privado. Los sindicatos quieren que los salarios suban a lo largo de los tres próximos años de tal forma que se pueda limitar el efecto de la inflación en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, pero se han encontrado con la negativa de las patronales sectoriales con el apoyo del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que se opone a subidas generalizadas sin tener en cuenta la situación de cada una de las empresas. La posición de fuerza del presidente de la patronal, sin duda también está relacionada con el proceso electoral que se vive en la CEOE, con Garamendi deseando repetir.

El argumento de que las empresas han tenido que hacer frente al aumento de los costes de producción por la subida de la energía o de las materias primas, se contrarresta con el incremento de los beneficios porque en la mayor parte de los casos han trasladado los costes a los precios, como demuestra el incremento de la inflación subyacente. Se da la circunstancia de que en los sectores donde los sindicatos han aumentado la presión y han tenido capacidad negociadora los salarios han crecido sustancialmente, y en esa dirección, la manifestación de 50.000 personas el jueves en Madrid ha sido un aviso de un invierno caliente –y no contra el Gobierno- que como telón de fondo tiene la intención de que los trabajadores no vuelvan a ser los paganos de otra crisis económica. Porque en este caso también el dinero está mejor en el bolsillo de los trabajadores y a las empresas les interesa que se lo puedan gastar para que la economía no se hunda.