Protagonizaron una de las movilizaciones más sonoras y mediáticas de cuantas se recuerdan en los últimos años. Los transportistas negociaron una serie de condiciones con el Ministerio de Transportes y, pasados una cuantos meses, están dispuestos a parar de nuevo sus vehículos si el Gobierno no se compromete a vigilar y controlar que se cumpla la ley que impide a los camioneros trabajar a pérdidas.

El pasado sábado, un centenar de transportistas de la provincia de Albacete secundaron con una mayoría aplastante la convocatoria de huelga propuesta por la Plataforma en Defensa del Transporte, un colectivo que representa especialmente a autónomos y microempresas y que no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera.

Fuentes de la delegación albacetense de esta Plataforma confirman a este diario el elevado número de votos que recibió el sí a un nuevo paro en el transporte, que rozó prácticamente el cien por cien. No obstante y a juzgar por la repercusión y el seguimiento que tuvo la huelga de marzo pasado, los colectivos que se ven más afectados por el incumplimiento de esta ley que regula los cargadores e impide que los camioneros trabajen a pérdida y carguen y descarguen los vehículos, entre otras cuestiones, están integrado por alrededor de 3.000 conductores, entre autónomos, empresas unipersonales y micro mercantiles con no más de dos o tres trabajadores.

Según sostienen desde la delegación provincial de la Plataforma en Defensa del Transporte, el Gobierno estatal envió un escrito a la Guardia Civil para que no controle ni vigile el cumplimiento de la mencionada ley: «Es el único motivo por el que hemos decidido parar de nuevo el transporte por carretera, porque cuando nos obligan a descargar los camiones, llamamos a la Guardia Civil y no actúa», afirman desde Albacete.