Tardará mucho tiempo en restañar el daño que está sufriendo uno de los tres poderes del Estado si no se ataja cuanto antes la grave crisis de credibilidad en la que está sumida la independencia judicial. El anómalo y pernicioso bloqueo en la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denota la falta de respeto a la administración de Justicia por parte de los partidos que siempre se han repartido su control. Ya ni el duro discurso de su presidente, Carlos Lesmes, en la tercera intervención en un acto de apertura del año judicial con el mandato vencido, parece suficiente para desenquistar una obstrucción que se agrava con cada movimiento del Gobierno y con cada reproche del PP.
Tampoco la pertinente llamada al patriotismo constitucional avergüenza a quienes incumplen su responsabilidad y rehúyen del consenso necesario que permita renovar el órgano de gobierno de los jueces y poner así fin a más de mil días de interinidad. El hartazgo de jueces y magistrados reclamando la intercesión de instancias europeas o el debilitamiento del órgano a raíz de la reforma que lo maniata serían válidas razones para enterrar la notoria y pública lucha por el cambalache del Poder Judicial, pero ni con esas.
En Bruselas ya hace tiempo que se preocupan por la seguridad jurídica en un país donde ni siquiera en lo que afecta al estamento judicial se respetan de manera escrupulosa las leyes y la Constitución. Ya solo por eso apremiaría completar la renovación del CGPJ y aprobar después reformas estructurales que cumplan con los estándares europeos para que haya una mayoría de miembros de ese consejo que sean jueces electos por sus pares.
A Pedro Sánchez y Pablo Casado no les queda otra que abandonar su arrogancia y ofuscación y asumir que se han acabado los tiempos del reparto de cromos no tan lejanos, en los que en el PP hasta se presumía de controlar ‘por la puerta de atrás’ la Sala de lo Penal del Supremo. Ahora deben rectificar y negociar un pacto en un necesario ejercicio de responsabilidad democrática. Los intereses partidistas deben replegarse para impedir que se siga debilitando la independencia judicial y detener una dinámica que deteriora sin marcha atrás el prestigio, incluso exterior, de España en un momento plagado de incógnitas y amenazas en muchos frentes.
Por si fuera poco, esperar sin más a que la situación se pudra un poco más, si eso fuera posible, es impedir que la Justicia sea percibida por la ciudadanía, de forma generalizada, como competente, fiable, eficaz y despolitizada, lo que solo puede llevar también a la deslegitimación social del sistema político del que forma parte, tan necesitado o más de afectos públicos.