El Gobierno de Castilla-La Mancha no admitirán solicitudes, ni concederá nuevas autorizaciones ambientales integradas para la instalación de explotaciones ganaderas de porcino, también conocidas como macrogranjas.
Este fue el anuncio que hizo ayer desde Cenizate el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la vista del debate social que hay ahora mismo sobre los efectos de las macrogranjas «y nosotros vamos a evitar la soberbia e intentar escuchar», anunció.
«Entre todos debemos establecer un diálogo sereno sobre la normativa que debe regir este tema compatibilizando el sector económico y ganadero de la comunidad autónoma con las necesidades de sostenibilidad ambiental», sostuvo el presidente regional.
García Page también sostuvo que lo mejor sería un enfoque nacional sobre este tema, pero «ante la contradicción de intereses, se va a llevar a cabo un dialogo con la gente preocupada por este asunto para poder tomar decisiones sensatas», previno.
El debate social en torno a las granjas de porcino intensivas en Castilla-La Mancha empezó a coger fuerza a lo largo de la última década, a raíz del incremento de la demanda internacional de carne de cerdo, especialmente en Asia.
Así, si en 2013-2014 Castilla-La mancha exportaba unas 50.000 toneladas de carne y derivados del cerdo, en 2017-2018 enviaba al exterior casi el doble, lo que condujo a la expansión de estas instalaciones, con proyectos de gran capacidad en las inmediaciones de Albacete capital, Pozuelo, Alpera, Montealegre del Castillo o el propio término municipal de Cenizate, donde hay en marcha propuestas de instalaciones tanto del sector porcino como del avícola.
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