El Ayuntamiento de Albacete y Cruz Roja Española han renovado su compromiso de colaboración para trabajar por las personas en situación de riesgo o exclusión social, y para ello, el alcalde, Emilio Sáez, y el presidente del Comité Local de la organización no gubernamental, Francisco Pérez del Campo, han suscrito un convenio de colaboración.

Este convenio, firmado en la sede de Cruz Roja Española en Albacete, contempla una aportación a la entidad solidaria de 75.000 euros por parte del Consistorio capitalino, lo que supone un incremento de 25.000 euros respecto al acuerdo anterior, según recordó el alcalde, quien destacó el "compromiso de Cruz Roja con las gentes que viven en Albacete que más lo necesitan".

El alcalde se refirió a la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de la Covid-19, lo que provocó la necesidad de reaccionar de forma rápida y de adoptar medidas urgentes y contundentes con el objetivo de amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes. "El Ayuntamiento y los Servicios Sociales de Atención Primaria no habrían podido, ni pueden atender a todas las familias que se encuentran ante estas situaciones tan críticas, de urgente necesidad sin la colaboración de Cruz Roja, ya que cuenta actualmente con infraestructuras suficientes y recursos económicos para la cofinanciación de actuaciones y proyectos para la integración social, que son objetivo común de ambas entidades", indicó el regidor albacetense.

Así, con este convenio se pretende atender a las personas en situación de riesgo o exclusión social, desarrollando una estrategia que incluya, por un lado, apoyo a personas en situación de extrema vulnerabilidad, a través de prestaciones de alimentación, higiene personal y del hogar, de vestido, de adquisición de productos sanitarios, material escolar, ayudas para puedan hacer frente los pagos a algunos de los gastos derivados de la vivienda como son recibos de luz, agua, gas, etc.

Y, por otro lado, con acciones dirigidas a facilitar el mantenimiento de la vivienda, mediante entregas económicas a personas y familias, siempre valorando que estas entregas conduzcan a la sostenibilidad de la solución residencial o a imprevistos puntuales que puedan ponerla en riesgo. En concreto, este convenio contempla actuaciones dirigidas a colectivos específicos, entre los que destacan: personas sin hogar, mujeres en dificultad social, personas inmigrantes, desempleados y desempleadas y mayores.