Que el conflicto aparentemente insoluble de la renovación del Tribunal Constitucional se haya solucionado en menos de diez minutos tras haber provocado un escándalo político considerable es, lógicamente, algo difícil de comprender. Para muchos ciudadanos, a los que esta batalla por controlar políticamente el máximo órgano constitucional de garantías les ha interesado poco o nada y les resulta inexplicable, y para mí mismo, que, profesionalmente, he tenido que seguir las maniobras orquestales en la oscuridad de los dos principales partidos (también los demás han querido mojar pan en esta espesa salsa) y las de los propios magistrados, que se dejan alinear con tanta simpleza en 'progresistas' y 'conservadores'. Lo ocurrido, en suma, no ha sido una victoria de la democracia, como quieren quienes estaban en el centro de la guerra escasamente democrática, sino haber tocado fondo en una indignidad ya improrrogable.

Me importa poco si ahora la mayoría va a ser 'progre' --como así lo reconocen los propios interesados-- y si deja de ser 'facha', como desde el propio Gobierno se tildó a la mayoría del Consejo que ahora se renueva. Me importa también relativamente poco si la presidencia del alto organismo intérprete de la Constitución va o no a recaer en Cándido Conde Pumpido, a quien en el bando conservador odian sin paliativos, o por alguna otra persona más o menos de compromiso, pero siempre alineada. El mal está hecho y, por mucho que nos esforcemos ahora en decir, desde cualquiera de las dos fracciones, que esto ha sido un 'éxito de la democracia', propiciado por uno u otro bando, según quién lo analice, la realidad es que el TC ha salido con su prestigio muy tocado. Y con el ciudadano de a pie, inclúyaseme por favor, con la sensación de que ahora la alta institución va a ser más obediente al 'statu quo' político que gobierna.

Por lo demás, le hago gracia de repasar las múltiples maniobras que, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el propio Judicial, han llevado a este acuerdo de compromiso, que ya tenía precedentes pintorescos, como el pacto para una renovación parcial anterior que tuvo como foco de debate y de escándalo la figura del ahora ya magistrado Enrique Arnaldo. La memoria es selectiva y prefiere olvidar episodios bochornosos. Lo que ahora interesa es saber si desde el TC se va o no a respaldar cualquier otro movimiento polémico del equipo de Pedro Sánchez en relación a Cataluña o al control abusivo de otras instituciones. ¿Será capaz el 'nuevo' elenco de magistrados, entre los cuales hay dos sugeridos por el Gobierno que serán muy dignos, pero poco idóneos por sospechas de parcialidad, de enfrentarse al Ejecutivo si este, por ejemplo, decidiese (que no lo creo), impulsar un referéndum de autodeterminación en Cataluña?

Conozco a Conde Pumpido desde hace tiempo, y sé que es un magistrado más profesional y consciente de lo que lo presentan quienes quieren mostrarle como una mera correa de transmisión de lo que se decide en La Moncloa. Pero ya digo que el TC ha salido muy dañado del lance, solo a última hora y mal suturado. Y que ahora solo cabe albergar esperanzas en una inmediata regeneración en usos y costumbres, no solo en esta institución, sino en el Consejo del Poder Judicial, que ha sobrepasado los cuatro años con el mandato constitucional de renovación incumplido, y en la propia clase política, que ha manejado los hilos con singular escasez de miras patrióticas y de Estado. Bueno, ya tenemos el TC renovado y a mi juicio mal renovado.

Ahora, a ver si, incluso con importantes reformas legales, pienso que imprescindibles, logramos convertir 2023 en un remanso de paz política renovando también el gobierno de los jueces e instaurando una política de cooperación en lugar de la habitual confrontación, aunque sea año electoral. Porque, ya digo, resulta del todo incomprensible que el duelo a garrotazos sea siempre la tónica de nuestro discurrir político y social. ¿Cómo no se va a alejar el ciudadano de sus representantes y hasta de sus instituciones?