Entre el 80 y el 90% de los letrados de la administración de Justicia en la provincia de Albacete, que desarrollan su labor en 25 unidades jurisdiccionales, podría secundar la huelga convocada para hoy y mañana, lo que podría suponer una paralización importante de la actividad judicial, a pesar de cumplirse los servicios mínimos.

Según informó uno de los letrados convocados a esta huelga, Alejandro Manuel López Montes, letrado de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de la capital, dicha convocatoria se volverá a repetir, si antes no es desconvocada, los días 14 y 15 de diciembre, «pudiendo provocar de nuevo la paralización de la totalidad de la actividad judicial, desde juicios, comparecencias, notificaciones, subastas, tramitación de procedimientos, entre otros».

Precisamente por este motivo, los letrados llamados a sumarse a esta huelga han convocado para hoy un acto de protesta, a las 10 horas, en la entrada de la Ciudad de la Justicia.

El pasado mes de abril, lo que motivó la suspensión de la huelga secundada mayoritariamente a principios de año, el Ministerio de Justicia se comprometió por escrito con las asociaciones representativas del cuerpo superior jurídico de letrados de la administración de Justicia a «dotar de coherencia al régimen retributivo en relación con la carrera judicial», considerando como fórmula más idónea establecer una cláusula de enganche al régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal vía enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa. Asimismo, el Ministerio acordó modificar los Reales Decretos que permitían asimilar el régimen retributivo de los letrados de la administración de justicia al sistema de grupos de población con el que ya contaban el resto de funcionarios de su misma categoría, con el compromiso de hacerlo efectivo en 2022. «Sin embargo, el Ministerio de Justicia no ha cumplido este compromiso».

Ante el grave problema de falta de negociación colectiva, el Ministerio se comprometió a reforzar la audiencia a la asociaciones representativas y a establecer un calendario de reuniones para concretar los detalles de las propuesta de modificación. Asimismo se comprometió a adoptar un nuevo estatuto orgánico del cuerpo de letrados, a eliminar la obligación de consolidar la tercera categoría, a restaurar el Real Decreto de sustituciones de 2019 y a aprobar las RPT del Registro Civil.

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