Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, de enero a diciembre de 2021, 46.671 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia. Castilla-La Mancha es la segunda región con menos limbo de dependencia, con un porcentaje del 4,51 por ciento. Solo Castilla y León lo tiene más bajo, con un 0,17 por ciento. Ambas están a mucho distancia de las Comunidades con mayor porcentaje de personas pendientes de recibir prestación, que son Cataluña y la Rioja, por encima del 30 por ciento.

El informe que ha realizado la Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también destaca que Castilla-La Mancha es una de las comunidades que ha cumplido con el objetivo de reducción de lista de espera dentro de un Plan de Choque diseñado por el Gobierno de España para rebajarla en 60.000 dependientes que estaban pendientes de una prestación. En Castilla-La Mancha se ha anotado una reducción del 38,8 por ciento, solo por detrás de Madrid, que bajó un 62,9 por ciento y Aragón, con un 42,2 por ciento.  

A pesar de que los datos de Castilla-La Mancha están entre los mejores del país, el pasado año fallecieron 1.595 personas que estaban en lista de espera. En concreto, 692 estaban pendientes de valorar y 903 en el conocido como limbo de la dependencia, es decir, esperando una prestación a la que tenían derecho. 

Con los datos que hay a nivel nacional, la Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales apuntan que parece inque el Sistema de Dependencia se reactiva, pero también advierten de que ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I. «Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia», exponen. Además alertan de que pasados casi dos años de la pandemia no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, con una reducción de 1.129 plazas residenciales en el país y 4.732 plazas de centros de día, respectivamente.  

Entre las soluciones que dan, apremian al Gobierno de España y los ejecutivos autonómicos a acometer reformas que agilicen los trámites. Recalcan que es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Insisten en que hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito.