El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso pedirá al Gobierno central apoyo logístico para frenar la extensión de los contagios mediante el despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía y Guardia Civil, para la instalación de hospitales de campaña, realización de más de medio millón de test de diagnóstico y desinfectar y controlar los movimientos en las zonas básicas de salud que sufren restricciones. El Gobierno central ya puso a disposición de las comunidades autónomas a dos mil rastreadores militares y su capacidad para formar más.
En una situación de extensión de los contagios cualquier recurso público que se ponga a disposición de las autoridades políticas y sanitarias es bienvenido y puede resultar fundamental. Pero siempre quedará la
duda sobre si la petición de esa ayuda no se ha producido demasiado tarde, por la decisión de retrasar el reconocimiento de la incapacidad para afrontarla con los recursos propios y porque no se previeron contrataciones y medidas de prevención.
"Los trabajadores públicos que hacen falta para seguir combatiendo una pandemia que nos está llevando a una situación de riesgo no son policías ni militares, son médicas y son enfermeros". Esta parece una declaración de principios llena de sentido común y pone el acento en las necesidades fundamentales para frenar los contagios: con suficiente personal sanitario es menos necesaria la presencia de agentes uniformados en primera línea contra el covid-19. Pero si quien la dice es el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, hay quien ve en ella un menosprecio a los militares y agentes policiales que han tenido también una labor destacada en la lucha contra el coronavirus, y así se ha reconocido públicamente. Que el nivel de la crítica hacia estas palabras, realizado por determinados sindicatos policiales de muy reciente creación, apunten tan bajo como las alusiones a la protección de su domicilio en un pueblo de Madrid, da idea del nivel del debate.
Pero lo cierto es que el Gobierno de Madrid no reforzó mediante nuevas contrataciones los servicios de atención primaria, que se encuentran al borde del colapso y justificó esa situación por la falta de profesionales a los que recurrir, cuando en las listas del paro los hay en suficiente número, pero a los que se les ofrece unas condiciones de contratación precaria. Muchos de los que trabajaron para la sanidad pública madrileña han salido de España en busca de mejores condiciones de trabajo y Díaz Ayuso tiene ahora que recurrir a la contratación de trescientos médicos de países extracomunitarios. El futuro de todos ellos será el despido cuando pase el nuevo pico de la pandemia, como ocurrió al término de la primera ola del coronavirus.
Otro tanto ocurrió con los rastreadores que no fueron contratados ni formados en la medida necesaria y alrededor de los cuales se han vivido episodios chuscos, como el intento de cubrir las plazas con voluntarios o con una mínima privatización del servicio.
Sin duda los militares de la Unidad Militar de Emergencias, realizarán una gran labor en las misiones para las que sean requeridos allí donde proliferan los contagios, porque su capacidad de actuación está fuera de toda duda. Pero mejor que militarizar la lucha contra la pandemia habría sido reforzar el sistema sanitario a tiempo.