Comienza un nuevo curso escolar, que nace marcado por normalidad después de las restricciones que fueron la nota relevante en los dos pasados motivadas por la pandemia provocada por el Covid-19. Durante este tiempo, la comunidad educativa ha sido todo un ejemplo para la sociedad a la hora de afrontar una situación anómala que ha venido propiciada por los efectos de un virus que ha trastocado todos los órdenes de nuestras vidas. Pero la educación ha sabido adaptarse de una forma extraordinaria para no dejar de funcionar en ningún momento, primero aplicando medios virtuales, después recuperando la presencialidad y haciendo todo un ejercicio de adaptación, implantando innumerables medidas que fueron asumidas con la mayor de las naturalidades por toda la comunidad educativa, pero especialmente por esos estudiantes que han demostrado que cuando había que dar un paso al frente para superar esa pandemia ellos no tuvieron ningún inconveniente en asumirlo y adecuarse de forma ejemplar.

Con el nuevo curso esas restricciones y limitaciones dejarán de tener protagonismo, pero de nuevo la comunidad educativa debe hacer un esfuerzo de adaptación para adecuarse a la implantación de la nueva ley educativa, la Lomloe, que en este curso comienza su implantación. Y lo hace con muchas incertidumbres, con precipitación y, lo peor de todo, sin un consenso claro y evidente entre administraciones y comunidad educativa, lo que no augura buenos resultados. El enfrentamiento existente entre el Gobierno y algunas comunidades autónomas, que han declarado su oposición a la nueva ley y son las que deben asumir el desarrollo de su implantación, adecuando los currículos a las nuevas prescripciones, provoca que los educadores, la última pieza del engranaje de esa cadena que debe llevar a la implantación de la nueva ley educativa, a estas alturas no sepan con certeza cómo deben afrontar el nuevo curso, lo que sin duda repercutirá en las enseñanzas que se impartan a los alumnos.

Estamos ante un mal endémico de este país, incapaz de que sus políticos asuman la necesidad de que haya una ley educativa que nazca del consenso entre las distintas sensibilidades ideológicas, y que tenga en cuenta a todos los actores del sistema educativo. Mientras eso no se consiga, este país tendrá una tara que no hace más que lastrar su futuro, y queda abocado a que cada cierto tiempo se reformen leyes educativas que impiden que haya estabilidad y un camino fijo a seguir. Porque el futuro de una nación debe tener en la educación a uno de sus pilares básicos sobre los que asentarse firmemente. Estamos hablando de la educación de las futuras generaciones, que están llamadas a guiar a un país, y su educación debe preservar unas señas de identidad que nazca del consenso y de la toma en consideración de la opinión de los profesionales.