Además de las lógicas reclamaciones de mantener los servicios y contar con infraestructuras adecuadas, los incentivos fiscales y ventajas para la instalación de empresas han sido peticiones habituales desde el medio rural, cuyos habitantes y ayuntamientos buscan la ayuda de administraciones superiores ante una realidad, la de la despoblación, contra la que estiman que no pueden luchar solos.  

Por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, ese anhelo local tuvo reflejo el año pasado en La Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, aprobada en mayo tras un proceso de elaboración que incluyó la participación pública y una comisión específica en las Cortes de Castilla-La Mancha donde asistieron, entre otros, los representantes de los grupos de desarrollo rural de la provincia de Albacete.

A finales del pasado ejercicio, entraban además en vigor las medidas económicas incluidas en la ley, que necesitaban de un decreto de clasificación de las zonas rurales para clarificar los habitantes de qué municipios podrían acogerse a las bonificaciones. Para ello, la Junta estableció como criterio la densidad de población de las zonas básicas de salud en qué se divide cada provincia, dando como resultado la inclusión de 68 localidades albacetenses, casi el 80% de los consistorios, aunque éstos solo suman el 17% de la población provincial. 

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