El Tribunal de Cuentas ha advertido de que Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla han dejado pasar más de un mes para ejecutar la mayoría de contratos de emergencia durante la pandemia del COVID-19.

Así se desprende del informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo que ha aprobado el Tribunal de Cuentas.

En concreto, en cuanto a los límites temporales a los que se somete el inicio de la ejecución en la contratación celebrada mediante la tramitación de emergencia, se han advertido incumplimientos en un escaso número de contratos (3% de la muestra), en los que había transcurrido más de un mes desde la declaración de emergencia hasta el inicio de su ejecución.

Se trata de la quinta fiscalización específica sobre contratación de emergencia de las siete programadas por el Tribunal de Cuentas que, además, realizará un Informe Global cuya aprobación se prevé en 2023, que pretende exponer de manera agregada los principales resultados obtenidos en el análisis de esta materia en todos los ámbitos sectoriales y territoriales.

Contratos de emergencia

El informe aprobado por el Pleno concluye, según la información recabada por el Tribunal de Cuentas, que estas Comunidades y Ciudades Autónomas celebraron 8.855 contratos de emergencia vinculados con la pandemia ocasionada por la crisis sanitaria, por un importe total de 576 millones de euros.

De este importe, 452 millones de euros correspondieron a contratos de suministro, de los cuales el 80%, 361 millones de euros, tuvieron por objeto material sanitario como mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, batas, gafas, pantallas protectoras, entre otros.

Por Comunidades Autónomas, Cantabria adjudicó un total de 40 millones de euros, de los que 32 millones de euros fueron contratos de suministro. De esta cantidad, 22 millones de euros se destinaron a material sanitario y, concretamente, 5 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,50 y 0,40 euros, y el de las FFP2 entre 2,62 y 1,05 euros.

Castilla-La Mancha, que en el momento de la fiscalización no contaba con órgano de control externo, adjudicó 241 millones de euros, de los que 220 millones de euros fueron contratos de suministro. De esta cantidad, 174 millones de euros correspondieron a material sanitario y, concretamente, 100 millones a mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre 0,39 y 0,26 euros, y el de las FFP2 entre 2,20 y 0,80 euros.