El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas a entidades privadas de iniciativa social para la gestión de recursos, servicios y programas dirigidos a personas con discapacidad para el año 2023. La convocatoria está dotada con 59,7 millones de euros, lo que supone 3,7 millones más que en la convocatoria de 2022, y 3,6 más que la de 2021, es decir, más de 7 millones de euros de incremento en apenas dos años para llegar a más de 11.000 personas beneficiarias en Castilla-La Mancha, según informó este martes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. La cuantía ha experimentado también un importante incremento desde el año 2015 que llegaron al Gobierno, con 19,5 millones más, un 48%.
La consejera informó de que esta convocatoria sirve para financiar los recursos residenciales como pisos y residencias, los centros ocupacionales de integración sociolaboral y los servicios de capacitación y, dado que se incrementa la cuantía, se prevé llegar a más personas en situación de dependencia así como una ampliación de las plazas. "Habrá crecimiento porque hay crecimiento presupuestario" pronunció.
También destacó como novedad la anticipación de la convocatoria al mes de septiembre, dos meses antes de lo que venía siendo habitual, para que pueda ser resuelta en el año en vigor. García Torijano resumió que es una ayuda que "viene con fuerza por el incremento presupuestario y porque la adelantamos en el tiempo", señalando a continuación el compromiso del gobierno de García-Page con la discapacidad y las entidades sociales que contribuyen a su autonomía social y laboral.
En detalle
La actual convocatoria de 2022 ha servido para financiar 289 programas dirigidos a este colectivo a través de 161 entidades sociales privadas. En total, más de 11.000 personas beneficiadas, tanto con discapacidad como sus familias, de manera que esta nueva convocatoria llega también para "generar estabilidad en el sector después de los años en los que sufrieron tanto", dijo García.
La convocatoria no presenta cambios, salvo una modificación en la orden de bases para su adaptación a la Ley de medidas contra la despoblación, y que pueda llegar a todos los municipios. Las ayudas se podrán formalizar desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, y no superarán los tres millones de euros por progama en los que sean de ámbito regional, y de 150.000 euros para los de carácter provincial.