Las tres investigaciones judiciales de la Fiscalía General del Estado sobre las actuaciones impropias del rey emérito, Juan Carlos I van camino del archivo porque están afectadas por la inviolabilidad del rey cuando era jefe del Estado, por la prescripción de los posibles delitos dado el tiempo transcurrido y por las dos regularizaciones fiscales realizadas que cerrarían el paso a la imputación de delito fiscal. Sobre los tres conceptos se debiera abrir un amplio debate político, judicial, y social, sobre cómo afectan tanto al rey emérito como a la propia Corona.   

Con la doble regularización fiscal el rey emérito reconoció sus actividades impropias e insolidarias y el tiempo transcurrido entre una y otra es demostración de qué si no hubiera sido por la presión investigadora, quizá no hubiera tenido lugar la segunda. A pesar de todo, las dudas sobre un hipotético trato de favor tanto por parte de la Agencia Tributaria, como por parte de la Fiscalía, que con sus dilaciones a la hora de abordar su expediente le permitieron soslayar el delito fiscal, siempre van a sobrevolar sobre todo este asunto.  

Desde todas las instituciones del Estado se ha tratado por todos los medios de evitar la imagen del rey entrando en el Tribunal Supremo, mediante actuaciones revestidas de la máxima legalidad, en favor de las cuales ha jugado la prescripción de los presuntos delitos cometidos. Si bien esa figura sirve para evitar el proceso penal porque no se conocieron en su día deja vivo el reproche social.  Son hechos que han quedado sobreseídos, pero como las meigas, haberlos, haylos.   

Habrá quien ahora cargue contra la labor de la Fiscalía General del Estado por haber mantenido abiertas durante dos años unas diligencias que no han conducido a la imputación del rey. Sin embargo, en esta ocasión la actuación de la fiscal general, Dolores Delgado, no ha podido ser más favorable a los intereses del rey emérito, al derivar la dirección del caso al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, sobre cuya competencia no existe ninguna duda, y la tardanza en archivar ha estado motivada por la complejidad del caso y por sus derivadas políticas. Además, cabe suponer que este tiempo habrá servido para comprobar que no se abrirá ninguna otra caja de Pandora de la que salgan nuevos indicios de actuaciones irregulares del rey Juan Carlos, aunque la fiscalía se ha cubierto las espaldas ante esa eventualidad.   

Luego hay un doble debate político, uno de carácter constitucional sobre la figura de la inviolabilidad del rey, que en una democracia consolidada debiera ser revisado para acotarlo al ejercicio de sus funciones;  y otro menos relevante y más acuciante, por el ruido que generará, sobre la posible vuelta del rey emérito a España una vez que sea exonerado, que supondrá un problema tanto para el rey Felipe VI como para el Gobierno, pero que cuanto antes tenga lugar antes se producirá la normalización de una situación anómala y el rey emérito será una figura integrada en el paisaje, de la que sería esperable la máxima discreción. A la incomodidad del rey se añadirá la ofensiva de los sectores republicanos, incluidos los que se sientan en el Consejo de ministros, si bien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está decidido a actuar de cortafuegos en defensa de la Corona.