En teoría, un proceso inflacionista puro es neutral en el plano distributivo. A la subida generalizada del precio de los bienes de consumo, sigue un aumento proporcional de salarios nominales, beneficios, tipos de interés, alquileres, pensiones… Todos los agentes económicos acaban teniendo más dinero para comprar una misma cesta que no deja de encarecerse. En la práctica, no existen inflaciones puras. Los ajustes de rentas son lentos e incompletos. De ahí la conveniencia de identificar a los ganadores y los perdedores.
Los grupos de rentas medias y bajas figuran entre los perdedores pues dedican la mayor parte de sus sueldos a la compra de bienes y servicios. Los grupos de rentas altas son capaces de ahorrar y distribuir sus ahorros en viviendas, terrenos, oro y otros activos que se revalorizan con el tiempo. Los segundos damnificados son las empresas exportadoras, incapaces de trasladar los incrementos salariales a los precios.
La inflación perjudica a los grandes acreedores y beneficia a los grandes deudores. Entre los primeros está la banca que tratará de protegerse con tipos flexibles de interés. Entre los segundos destaca el sector público. Imaginemos un Estado que emite 100 millones de euros en bonos de 10 años. Si la tasa anual de inflación es del 10%, esa cifra equivaldrá a 385.543 euros en el momento de vencimiento. La segunda vía por la que el Estado se beneficia de la inflación es la progresividad fiscal. Los contribuyentes pagarán una tasa más elevada por los incrementos ficticios de sus rentas.
El Estado se encuentra ante un claro conflicto de intereses. El interés nacional, al que dice servir, le obliga a combatir la inflación. Sus preocupaciones recaudatorias le llevan a contemporizar con ella. De ahí que la lucha contra la inflación, se haya reservado a una institución independiente, el Banco Central.