En Castilla-La Mancha no se hacen abortos voluntarios en ningún hospital público y solo hay clínicas privadas en dos provincias a los que se puedan derivar. La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, tiene sus esperanzas puestas en que a nivel nacional «se apruebe una legislación que sea eficaz», sin conculcar el derecho de la objeción de conciencia. Confía en la efectividad de medidas como un registro: «Eso nos servirá para ordenar los recursos humanos y romper unn dinámica, una inercia de hace unos años». 

Fernández aseguró que desde la Junta están trabajando en esta materia. Aclaró que de primeras no se ponen el objetivo de hacerlo en todos los hospitales, pero «sí comenzar en algún hospital público para ir creciendo». 

 «Nosotros seguiremos buscando, seguiremos trabajando con nuestras posibilidades», expuso, «hay que encontrar colaboración en este sentido, lo queremos hacer discretamente, sin tensionar el sistema».