La preocupación por la cuestionable gestión del dinero europeo vinculado al Plan de Recuperación va en aumento y ya alcanza a las instituciones europeas, que a finales de año revisarán los parámetros de cumplimiento y, si encuentran deficiencias, restarán fondos a España y al resto de países que pudieran conculcar las condiciones del acceso al multimillonario rescate comunitario. No es una broma: España podría perder miles de millones de euros reservados a apoyar sectores cruciales de la economía nacional y continental.

Uno de esos incumplimientos, acaso el más grave por la imagen que transmite del país a sus socios europeos, está siendo la incapacidad del gobierno para poner en marcha un mecanismo de control de la adjudicación de los fondos. Un año y medio después, España se muestra inútil para vigilar la trazabilidad del dinero para rendir cuentas a sus socios europeos, una duda que ya hicieron planear sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, por entonces, Pablo Iglesias, los denominados 'países frugales', que no son sino aquellos que no quieren pagar barras libres a sus socios con el esfuerzo fiscal de sus propios ciudadanos.

También el Gobierno empieza a tener dudas y reconoce, en privado y procurando no hacer ruido, que los Perte, los grandes planes estratégicos llamados a revolucionar sectores como el energético, la automoción o el agroalimentario, no están siendo adjudicados en los plazos y cuantías pactados, lo que se puede traducir en un recorte del apoyo europeo o, en el mejor de los casos, en una prórroga para su aplicación, pero entonces España perdería la ventaja temporal frente a otros países, socios o no, que están transformando sus economías a la velocidad a la que se mueve el mundo globalizado. Mientras los demás vuelan, aquí sesteamos.

Este riesgo debería ocupar la primera página de la agenda gubernamental, pero el bipartito de PSOE y Unidas Podemos parece determinado a allanar la prórroga del pacto de investidura con movimientos que engrasen tanto el último presupuesto de Sánchez antes de volver a las urnas como una potencial reedición de sus acuerdos parlamentarios toda vez que se consumen las elecciones generales, que el presidente del Gobierno situará allí donde le sea más favorable, pero nunca a más de 15 meses vista. Como caso paradigmático, la revisión del delito de sedición, una imposición de los propios sediciosos que ha conllevado la ruptura del pacto con el Partido Popular para renovar el Poder Judicial, otro de los problemas graves que están erosionando la imagen de España fronteras afuera y la de las instituciones frontera adentro. Son vasos comunicantes que están obstruidos.