Tras el último varapalo de Bruselas al Gobierno, sobre la pretendida reforma que modificaría la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, los jugadores vuelven al punto de partida. Y estos no son otros que el PSOE y el PP, los únicos que suman una mayoría de tres quintos en el Congreso.

Dado que en campaña electoral todos barren para casa (fuera de ella también pero ahora no viene al caso), el Gobierno sabe que tendrá que esperar hasta después del cuatro de mayo para llamar al principal partido de la oposición y retomar unas negociaciones harto difíciles.

Si la sesión de control al Gobierno de esta semana puede dar pistas de cómo están los ánimos, hay que ser pesimistas. Los jueces y su órgano de gobierno se convirtieron, una vez más, en munición dialéctica para amenazarse ambos partidos con denunciar en Europa su intención de controlar otro poder del Estado. El que se llamaran "trileros " fue una anécdota.

Como Pedro Sánchez temía que un CGPJ con mayoría conservadora, heredado de la etapa Rajoy, se eternizara toda la legislatura, intentó cambiar las reglas y Europa ha dicho no. Lo que sí ha recibido el visto bueno ha sido la legislación que impide hacer nombramientos mientras sus miembros estén en funciones.

Y Sánchez tiene razones para temer que el PP, sin despeinarse, vaya encontrando agravios y argumentos variopintos para negarse a un acuerdo. Ya lo hicieron en 2006, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, montó una estrategia que paralizó la renovación del Consejo desde finales de ese año hasta septiembre de 2008. Hubo incluso que retrasar la apertura del año judicial. Para lograr el pacto, Zapatero tuvo que proponer a Carlos Divar como presidente ( un juez muy bien visto por el PP) y conseguir así que cedieran.

El Partido Popular no ha tenido nunca ningún empacho en jugar con las instituciones del Estado para la defensa de sus intereses. Dos muestras de ello son la no renovación del Tribunal Constitucional hasta que no se aprobó la sentencia en contra de la reforma del Estatut de Cataluña, que tantos lodos ha traído después, y la arrogancia de Ignacio Cosidó.

El ex director general de la Policía con el PP escribió en una chat interno de los senadores de su grupo que el pacto con el PSOE era muy bueno para ellos porque la presidencia pactada del juez Marchena les reportaría el "control de la sala Segunda desde atrás". Con este mensaje dejaba claro que a su partido sólo le interesa el control de los órganos judiciales y, de paso, manchó el buen nombre de un jurista impecable.

La imprudencia de Cosidó tuvo lugar a finales del 2018. Desde entonces su partido ha seguido bloqueando la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces, el Defensor del Pueblo, etc, etc.

Queda por ver, no solo si nuevamente van a bloquear indefinidamente la renovación de un órgano clave de nuestro sistema constitucional, si no, también, si ambos partidos aceptan la propuesta europea de que al menos la mitad de los miembros del CGPJ los elijan los jueces como ocurre en las democracias de la UE.Una vez más con la cara colorada en Bruselas.