El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, puso este martes encima de la mesa la posibilidad de que el fenómeno de la despoblación tenga su reflejo en una próxima reforma del Estatuto de Autonomía, para que haya "todavía más garantías" en la prestación de los servicios públicos en las zonas rurales y "la igualdad de oportunidades". Lo hizo ante la Comisión de Despoblación celebrada en el Senado, en la que explicó a los grupos parlamentarios las líneas generales de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, y sus efectos en el territorio.

Pero lo hizo en una respuesta a la senadora de Vox, Yolanda Merelo, que preguntó a Guijarro por qué se había aprobado esta ley ahora, después de años de gobiernos socialistas en la región. "Porque hay cosas que hay que garantizarlas por ley" respondió, después de relatar cómo ha costado al Ejecutivo recomponer el sistema de servicios públicos en el medio rural con la reapertura de escuelas rurales y de consultorios médicos cerrados por la anterior administración. No obstante, aseguró que las medidas que recoge la ley están diseñadas con una visión a medio y largo plazo. "No hay medidas mágicas que resuelvan el problema en el corto plazo".

Guijarro explicó algunas de las líneas que recoge esta ley de la que destacó su elaboración desde la participación, el consenso y el acuerdo de los distintos actores de la comunidad. Y resaltó el hecho de que fuera aprobada por unanimidad en las Cortes regionales.

Guijarro propone que la despoblación esté en próximo estatuto

Desgranó la estrategia de medidas que abriga la norma, con 210 iniciativas en distintos ámbitos como en los básicos: educación, sanidad y servicios sociales, como en los indispensables de ayuda a la instalación de empresas con bonificaciones de hasta el 40%, el transporte a la demanda, la extensión de redes de comunicación y fibra, medidas para el acceso a la vivienda y, una de las más importantes, las bonificaciones fiscales en el IRPF, a familias con hijos, o en el impuesto de transmisiones y de actos jurídicos documentados. Medidas que calculan podrían afectar a unos 90.000 contribuyentes en la región, con un coste cercano a los 30 millones de euros al año.

Nueva financiación

Medidas que tienen un coste para la Administración, pero que defendió con el objetivo que persigue esta ley pionera como es revertir el fenómeno de la despoblación, y garantizar el acceso a los servicios públicos y de igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos vivan donde vivan. Para lograrlo también llamó la atención sobre la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica que a día de hoy no resuelve el problema. "Es necesario un nuevo sistema. O se paga el coste efectivo de los servicios en todo el territorio o es muy difícil mantenerlos", dijo, y puso como ejemplo la gran diferencia que existe en una sola provincia como Guadalajara, en el coste sanitario que supone la Atención Primaria en el corredor del Henares frente a la comarca de Molina de Aragón que es cuatro veces superior. Siete veces más en el caso del transporte sanitario.

Guijarro concluyó su comparecencia respondiendo a los grupos y pidiendo a sus señorías, como cámara de representación territorial que es el Senado, que apliquen el criterio de impacto demográfico en la valoración que hagan de las distintas normativas que lleguen a la Cámara Alta. "En Castilla-La Mancha tendrán a un aliado para trabajar en favor de la equidad, que es la clave para garantizar la igualdad de acceso a los servicios y de igualdad de oportunidades", remarcó.