El Gobierno en su conjunto, el principal partido de la oposición y hasta el gobernador del Banco de España están realizando un ejercicio de pragmatismo y trabajan, apoyan o demandan una rebaja de la fiscalidad de los hidrocarburos para contener la sangría que padecen empresas y familias por el alza de los precios de la energía y la inflación galopante, qué si bien ya había dado muestra de estar desbocada, la invasión de Ucrania lleva camino de hacerse insoportable.  

El Gobierno se ha abierto a presentar un programa de medidas de rebajas fiscales que piensa abordar con el resto de partidos y los agentes económicos y sociales, en línea de lo acordado en la Conferencia de Presidentes. Urge que el plan se presente cuanto antes, aunque habrá que esperar hasta el último consejo de ministros del mes de marzo para que se materialice y a la espera de los resultados del Consejo Europeo de los días previos, donde España se juega sacar adelante una de sus pretensiones estrella, la desvinculación del gas en la formación del precio de la energía eléctrica. La realidad de unos precios desbocados que es preciso atajar se ha impuesto en el debate político y ha alcanzado a la Unión Europea, hasta ahora remisa a abordar la petición española.  

La presión sobre el Gobierno para rebajar impuestos energéticos es intensa desde todos los sectores productivos. Unidas Podemos urge la adopción de medidas rápidas y el PP bajo el mandato de Núñez Feijóo tiene oportunidad de mostrar su disposición a llegar a unos acuerdos, sin acotaciones demagógicas que, es previsible, no colme las expectativas de todos y que seguramente se quedarán cortas  porque familias y empresas tienen una urgencia que no se cubre de un momento para otro, y porque la rebaja de impuestos no puede o no debe hacerse de forma uniforme sino teniendo en cuenta las necesidades de los hogares más vulnerables y de los sectores productivos más afectados.  

En esa dirección han ido las recomendaciones del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ha abogado porque sindicatos y patronales acepten un pacto de rentas que limite salarios y beneficios, como ha propuesto el presidente del Gobierno, que reconoce es perjudicial a corto plazo pero beneficioso para todos posteriormente. y ha propuesto que las rebajas fiscales vayan dirigida a los sectores más vulnerables y a las empresas que consumen más energía en su proceso productivo. Todo con un horizonte temporal para no aumentar más el déficit público. Bajada de impuestos sí, pero no para todos con la misma intensidad.  

Otra realidad que se ha impuesto es la necesidad de un incremento en el gasto de Defensa, que Sánchez quiere llevar hasta el dos por ciento, el doble que en la actualidad, porque ese fue el compromiso de la OTAN que nuestro país ha ido obviando. La invasión de Ucrania ha puesto de relieve que ha llegado el momento de asumir ese mandato si se quiere fortalecer la defensa europea con carácter disuasorio. Unidas Podemos, antiatlantista y antimilitarista, ha abierto una nueva brecha en el Gobierno, porque lo que se invierte en armamento se detrae de otros servicios sociales, mientras el PP apoya la propuesta. Esto no es consecuencia del 'efecto Feijóo' sino de la posición tradicional del partido.