El servicio de transporte sanitario en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara acumularon un total de 922 quejas, 210 apercibimientos y 180 procesos sancionadores, razones que motivaron que el Gobierno procediera a iniciar los trámites para dar por finalizado el contrato con la Unión Temporal de Empresas adjudicataria el pasado mes de octubre. Así lo explicó el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en sede parlamentaria, donde precisó que en la provincia de Albacete son 149 quejas, 20 apercibimientos y 36 expedientes sancionadores; 558 reclamaciones, 140 apercibimientos y 106 expedientes en el caso de Ciudad Real; y en Guadalajara 215 quejas, 50 apercibimientos y 38 sanciones.
A ello se sumó el extremo de que la empresa empezó a «no colaborar prestando información», lo que también provocó la apertura de expedientes sancionadores.
Tras este procedimiento, según explicó Fernández Sanz, habrá que esperar un dictamen previo del Consejo Consultivo antes de que el Consejo de Gobierno pueda finiquitar totalmente el contrato.
Mientras tanto, la empresa seguirá prestando el servicio, y la intención es poner en marcha los mecanismos para adjudicar de nuevo a otra empresa la prestación de este servicio, lo que se espera formalizar en el año 2020 siempre y cuando no haya por parte de la empresa actual acciones judiciales que dilaten el proceso.
Afecta a los más vulnerables. La diputada de Cs Úrsula López, criticó tanto el proceso de adjudicación del contrato como la prestación del servicio en sí misma. «Esto tiene una repercusión grave en la prestación del servicio, y las personas más vulnerables son quienes lo sufren», lamentó la parlamentaria ciudadrealeña, quien acusó de «dejadez» a la Consejería por no velar por el cumplimiento del contrato.
Por parte del PP, Juan Antonio Moreno alertó de que esta situación puede pasar también en las provincias donde operan otras empresas al margen de esta UTE, Toledo y Cuenca, al tiempo que lamentó que al sacar el pliego de condiciones no se exigiera una antigüedad máxima a los vehículos que prestarían el servicio.
El parlamentario ‘popular’ señaló que si el Gobierno era consciente de que la empresa postuló a la adjudicación «en fraude de ley», sería motivo más que suficiente para que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, dejara su cargo.
Por último, el socialista Ángel Tomás Godoy celebró las mejoras implicadas en el nuevo pliego y culpó directamente a la adjudicataria, considerando que hay que resolver el contrato «con las máximas garantías» judiciales.