El diputado del PP Alberto Casero ha solicitado de motu proprio al Partido Popular la suspensión de militancia del partido, después de que el Tribunal Supremo haya decidido procesarle por prevaricación y malversación, según han informado fuentes de la dirección nacional del Partido Popular.

En concreto, el magistrado instructor del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha acordado procesar a Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.

Así consta en un auto de la Sala de Recursos del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que añaden que esta decisión no afecta al suplicatorio que en su día instó el instructor, el magistrado Andrés Palomo. El tribunal acoge así la tesis de la defensa de Casero, que señalaba en un primer recurso presentado en diciembre de 2022 que el plazo de la instrucción había arrancado el 14 de julio de 2021 desde que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo acordara por auto la incoación del procedimiento.

Fue responsable de organización del PP y conoce los estatutos

Poco después de conocer esa decisión del Tribunal Supremo, fuentes de la cúpula del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo han informado de que el propio Casero ha solicitado la suspensión de militancia del Partido Popular.

Casero, diputado en la XIII y en la presente legislatura, fue responsable de Organización del PP cuando la formación estaba liderada por Pablo Casado. Dado que fue mano derecha del entonces secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea, conoce bien los Estatutos del PP y sus normas disciplinarias.

Eso sí, fuentes de la dirección del PP desconocen si Casero seguirá con su escaño en el Congreso porque el acta de diputado es nominal y pertenece al parlamentario, como ya sentenció en su día el Tribunal Constitucional.

Eso sí, en caso de que Casero quiera seguir conservando su acta, el Grupo Popular sí que tiene potestad para expulsarle de su grupo parlamentario, de forma que iría a parar al Grupo Mixto. Fuentes 'populares' consideran que si él ya dejado de ser del PP, "lógicamente no tendría que estar en los escaños del Grupo Popular".

El PP ya le había abierto expediente en verano de 2022

El pasado mes de septiembre, después de que el juez propusiera enviar suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra Casero por indicios de prevaricación, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, informó de que el PP ya le había abierto expediente informativo antes del verano.

Gamarra ya dijo entonces en rueda de prensa que el partido tomaría más medidas si el juez decidía abrirle juicio oral. Al final, ha sido el propio Casero el que de motu propio ha solicitado esa suspensión de militancia del PP.

Los Estatutos del PP señalan, en su artículo 16, que cometerán infracción "muy grave", entre otras, los que incurran "en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos" o ante "la condena por un delito que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos" en estas reglas internas, "según valoración motivada del Comité de Derechos y Garantías competente".

Lo que dicen los estatutos

Además, añaden los Estatutos que las infracciones muy graves serán sancionadas con la suspensión de afiliación por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años; inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo; o expulsión del partido, siendo la primera y la segunda no excluyentes entre sí.

Casero --fue alcalde de Trujillo (2011-2019)--saltó al foco mediático por su error en la votación de la reforma laboral en el Pleno del Congreso a primeros de febrero de 2022, una equivocación que permitió al Ejecutivo salvar la norma en la Cámara Baja.

Este hecho, que se produjo en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas de Castilla y León, provocó entonces un duro cruce de reproches entre PSOE y PP. En 'Génova' se habló entonces de un "error informático" y se acusó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batel, de "fraude democrático", anunciado que irían al TC para defender la voluntad del Parlamento al no permitir a Casero enmendar el sentido de su voto en la reforma laboral.