Las organizaciones agrarias y Cooperativas de Castilla-La Mancha, ante el abandono detectado por muchas explotaciones familiares y agricultores profesionales que están cesando su actividad en el cultivo del ajo, especialmente en la cuenca alta del Guadiana, han pedido a las autoridades medidas concretas y rapidez en la toma de decisiones para llevar a cabo los cambios de legislación necesarios y proteger un cultivo que genera al año en Castilla-La Mancha 10.500 empleos directos, en las zonas de producción, además de miles más de jornales puntuales e indirectos.
La Cooperativa San Isidro Labrador de Las Pedroñeras acogió una rueda de prensa en la que han participado el portavoz de Agua y del sector del Ajo de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, Julio Bacete; el vicepresidente de Asaja Cuenca, Antonio Esucudero; el secretario general de UPA, Julián Morcillo; y Noelia Serrano, como miembro de COAG Castilla-La Mancha. En la misma, recordaron que este cultivo forma parte de la cultura económica y social de Castilla-La Mancha especialmente en localidades repartidas por las comarcas de La Alcarria, La Mancha, Mancha Alta, Mancha Baja, Manchuela y Centro, concentrándose la mayoría de la producción entre La Mancha Baja y Centro de Albacete, siendo una gran fuente de riqueza para la región. Pero es concretamente en la zona del Alto Guadiana donde en su mayoría agriculturas familiares con pozos con autorizaciones insuficientes (7.000 metros cúbicos), están al límite de la rentabilidad para poder llevar adelante su cultivo debido a las numerosas restricciones que padecen por parte de la Confederación Hidrográfica.
Uno de los mayores problemas que padecen, explican, es que el cultivo del ajo exige, por cuestiones agronómicas, fitosanitarias, ecológicas y de calidad de producto, la obligada rotación de cultivo pudiendo sembrar ajos en la misma parcela, como máximo, una vez cada tres o cuatro años de forma viable, por lo que debe rotar, y el pozo o la concesión de agua no cambia de lugar. Para ello habría que impulsar las modificaciones o adaptaciones legales que fuesen oportunas en la legislación de aguas, han demandado.