Llevaban razón los dirigentes del Partido Popular cuando afirmaban que la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es una cuestión de la que se hable entre la gente en el transporte público. Si, a eso se añade que el PP cuenta con encuestas que revelan que su incumplimiento de la Constitución y el mantenimiento del bloqueo al cambio en el órgano de gobierno de los jueces no afecta a sus expectativas electorales, se entiende su falta de interés en que cambie una situación de hecho que beneficia sus intereses políticos. Es decir, que el bloqueo no le cuesta votos, y si se saliera con la suya en su propuesta de cambiar ya el sistema de elección de los vocales, se garantizaría mayorías conservadoras en las instituciones juridico-políticas   que le facilitarían sus propósitos legislativos. Con el pretexto de mejorar y consolidar la independencia judicial, el PP no solo quiere cambiar ahora unas reglas del juego que entienden que le perjudican, sino que tampoco hace caso a las recomendaciones del comisario Justicia de la Unión Europea Didier Reynders, que en su reciente visita a Madrid instó a todas las partes concernidas "primero a renovar y luego a cambiar" el método para que los jueces elijan a los jueces.

Eso era así hasta que se ha producido la dimisión del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, motivado tanto porque ya no controlaba a los vocales del sector conservador, que se han declarado en rebeldía ante el cumplimiento de las leyes que les afectan directamente, y porque tampoco los dos grandes partidos atendieron su reclamación para que llevaran a término las negociaciones sobre cómo y cuándo ha de hacerse la renovación de los vocales. Su renuncia ha provocado una crisis institucional y constitucional de dimensiones pocas veces vista con anterioridad al quedar sin su cabeza visible uno de los poderes del Estado,

Lesmes ha cumplido su amenaza de abandonar, anunciada en la apertura del Año Judicial, sin que haya cumplido su último compromiso, dejar resuelto el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional que corresponde elegir al CGPJ y que una minoría de bloqueo de vocales conservadores mantiene parada, además de dejar encarrilada a medias su sucesión lo que aumenta la gravedad de la crisis en la institución. Por tanto, la cuestión es qué resuelve ahora su dimisión y por qué no se produjo en cualquier momento de los cuatro años precedentes que lleva en funciones, a no ser que, entre otros asuntos, este tiempo le haya servido para llenar las salas del Supremo y los TSJ de magistrados de tendencia conservadora, hasta que se modificó la ley para impedirlo.

La situación es de tal importancia que el presidente del Gobierno llamó a La Moncloa al líder de la oposición para tratar de desbloquear una situación que no hubiera tenido que producirse de no mediar el interés político del PP, bajo la excusa definitiva de impedir que el Gobierno culmine lo que considera un asalto a las instituciones con el cambio a mayorías progresistas en el CGPJ y el Tribunal Constitucional. Como si el PP, cuando le toca gobernar no hubiera hecho lo mismo, y léase aquí la nómina de fiscales generales o de presidentes de RTVE y de otras instituciones del Estado que ha nombrado y como se podrá comprobar si se concreta el cambio de ciclo. En este asunto no hay reparto de responsabilidades porque hay un partido que es el que incumple la ley.