Esta semana finaliza el plazo para solicitar ayudas de la primera convocatoria de 2022 realizada por el grupo de Acción Local Campos de Hellín que preside el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Hellín y diputado regional, Julián Martínez Lizán. El plazo, que concluye el próximo 9 de abril, está abierto para empresas que ya estén en funcionamiento o las de nueva creación, las entidades locales y las asociaciones sin ánimo de lucro de los municipios de la comarca (Albatana, Fuenteálamo, Ontur, Tobarra y Hellín). El presupuesto total de este primer plazo es de más de 530.000 euros. Según la normativa establecida los solicitantes deberán cumplir, además de las condiciones específicas de cada línea de subvención, entre otros requisitos, el de «ejecutar el proyecto que haya fundamentado la concesión de la ayuda y justificar las condiciones para la obtención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado dicha concesión».
Ayudas rápidas. Martínez Lizán recuerda que «las subvenciones y ayudas de Campos de Hellín son las que más rápidamente se pueden lograr en estos momentos» y anima a todos los emprendedores y empresarios de la comarca a que no dejen pasar la oportunidad y presenten sus proyectos en esta primera convocatoria del año y que, en caso de dudas, «acudan a nuestra sede de Tobarra a informarse, preguntar y hacer propuestas, ya que desde el grupo de desarrollo se está ayudando a un gran número de empresas y creando riqueza y empleo en los cinco pueblos de la zona, desde su implantación en la comarca en 1997 (inicialmente con el programa Proder I)». Hay que recordar que este mismo año se ha firmado, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una addenda de 1,47 millones de euros con la que el grupo alcanza los seis millones de euros en el actual programa (2014-2020), y garantiza su funcionamiento administrativo en este ciclo transitorio, mientras se aprueba el nuevo programa. Quienes accedan a alguna ayuda, «deberán someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto regionales y nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores». Y deben encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la Agencia Tributaria y la hacienda pública regional y la Seguridad Social, tanto en el momento de la concesión como en el pago.