La eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha vuelto a España sin que tenga intención de entregarse al Tribunal Supremo (TS), que el pasado 12 de enero dictó una nueva orden de detención nacional contra ella por un presunto de delito de desobediencia, por lo que se arriesga a ser arrestada para ser puesta a disposición judicial, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Ponsatí ha llegado a Cataluña tras vivir cinco años entre Escocia y Bélgica después del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 por el que está procesada.

Su defensa confía en que no sea detenida por la inmunidad europarlamentaria, si bien al mismo tiempo su entorno asume que podría ser arrestada este mismo martes.

En el auto dictado por el instructor del 'procés', el magistrado del TS Pablo Llarena, el pasado 12 de enero para revisar sus decisiones iniciales a la luz de la última reforma penal, ratificó el procesamiento en rebeldía de Ponsatí pero sustituyó el delito de sedición que se le imputaba por el de desobediencia, debido a la derogación del primer ilícito.

Además, Llarena dejó sin efecto la busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención anteriores, y dictó una nueva orden nacional de detención y puesta a disposición contra Ponsatí para tomarla declaración.

Fuentes del alto tribunal señalan que, de no comparecer voluntariamente ante el Supremo, puede ser detenida para ser puesta a disposición judicial hoy mismo. Sería ante un juzgado de guardia de Barcelona, que le comunicaría su procesamiento, dejándola en libertad --previsiblemente con medidas cautelares-- a la espera de que LLarena pusiera día y hora para tomarla declaración.

El Supremo la dejaría libre

Si fijada fecha para la declaración indagatoria Ponsatí siguiera sin comparecer voluntariamente ante el Supremo, las fuerzas de seguridad tendrían que llevarla forzosamente ante el alto tribunal, que la escucharía para seguir los mismos pasos que con la ex diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y la ex consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret, de acuerdo con las citadas fuentes.

Desde el alto tribunal se subraya que Ponsatí podría llegar a ese mismo escenario si, de primeras, se presentara ante el Supremo, tal y como hicieron Serret en marzo de 2021 y Gabriel el pasado julio, una desde Bruselas y la otra desde Suiza. Entonces, Llarena les comunicó su procesamiento y las dejó en libertad citándolas para la declaración indagatoria. Tras prestar declaración, ambas siguieron en libertad.

En el caso de Gabriel, el más reciente, poco después el instructor del 'procés' puso fin a la investigación y la Sala de lo Penal envió la causa a la Audiencia Provincial de Barcelona al considerar que es el órgano competente, dado que la ex diputada de la CUP ya no goza de la condición de aforada.

Cabe recordar que el delito por el que Ponsatí está procesada, el de desobediencia, no está castigado con cárcel sino con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.