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Editorial

El 13-F debe marcar un periodo de estabilidad con un gobierno fuerte

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Alfonso Fernández Mañueco escribió ayer la última línea de un guión predecible. Las relaciones entre los consejeros del Partido Popular y Ciudadanos en el seno del Ejecutivo regional nunca han sido fáciles, menos aún después de la fallida moción de censura del PSOE, maniobra que surtió el efecto contrario al previsto y reforzó al presidente regional. La prueba de que la coalición tenía un cimiento líquido se ofició en una tensa jornada que comenzó con el anuncio de ruptura de la coalición a través de una red social -y sin aviso previo a los cesados- y con los dos grandes protagonistas de la historia, el propio Fernández Mañueco y Francisco Igea, cruzándose acusaciones públicas de alta traición. Hasta aquí ha llegado la relación simbiótica de dos partidos que forjaron el primer gobierno inconcluso de la historia de Castilla y León tras las elecciones de 2019. En la forma, además, va implícito un mensaje diáfano a Igea: no habrá integración política de los líderes regionales de Cs en el PP.

La disolución de un Parlamento y la subsiguiente convocatoria de elecciones es una decisión de enorme calado que, al igual que una moción de censura, exige un pretexto y un contexto. La causa está explicada y ahora es poco menos que un ejercicio de fe, o de militancia, repartir el crédito entre quienes se contradicen. El entorno es lo determinante. Los días de Ciudadanos como fuerza política relevante tocan a su fin, lo que había propiciado el refuerzo de Fernández Mañueco y una relativa sumisión de Igea. Por contra, el Partido Popular tiene el viento demoscópico de cola -y en consecuencia el empuje de Génova para buscar victorias electorales que alimenten el proyecto actual- y quiere sortear el riesgo latente de una moción de censura que podría reactivarse en marzo. El detonante final han sido las negociaciones con un partido localista, Por Ávila, que puso sobre la mesa de los presupuestos unas exigencias que el PP no podía aceptar. Hacerse responsable de unas imposiciones que rompen el debido principio de solidaridad regional era mucho pedir a Mañueco.

Lo que no está en cuestión es que el adelanto que reabrirá las urnas el próximo 13 de febrero llega en un impasse delicado y debe ser el comienzo de un periodo de estabilidad que acabe con todos los temblores y réplicas que han sacudido la política regional con epicentro en una coalición que no daba para otro año y medio. Ahora son los castellanos y leoneses quienes deben tomar la palabra y resolver en quién depositan una confianza mayoritaria para dirigir la comunidad en un momento en el que hay que hacer cumbre en la anhelada recuperación económica, acabar con la amenaza de la covid y posicionarse en el reparto del multimillonario rescate europeo.