Nueva cesión de Pedro Sánchez. Después de la supresión del delito de sedición y de haber pactado con ERC una rebaja de penas para la malversación, el Gobierno tiene preparada su próxima oferta y está abierto a acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para disminuir el alcance del artículo que permitió al Parlament y al Congreso despojar de sus actas de diputados a varios líderes del procés mientras estaban procesados por el referéndum ilegal, pero sin haber sido aún condenados.

En concreto, los socialistas han ofrecido al PDeCAT retocar a la baja el artículo 384 bis de la norma. Según este precepto, «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».

Esta previsión se utilizó en 2018 para despojar de sus actas de diputados en el Parlament a Raül Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turull i Negre y un año después la Mesa del Congreso lo usó para suspender de su condición de diputados a los tres últimos y también a Jordi Sánchez. Y también ha servido para alejar del cargo público a otros políticos independentistas.

El PDeCAT ha planteado la derogación de este artículo mediante enmiendas a dos normativas. Lo hizo el pasado mes de noviembre al enmendar la Ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de la Justicia y lo volvió a hacer la semana pasada durante la tramitación de la reforma del Código Penal que, entre otras cosas, acabó con el delito de sedición.

Ahora, los socialistas han planteado una enmienda transaccional para limitar el alcance del artículo 384 bis de la LeCrim, de manera que la suspensión del cargo público se produzca en los casos con una serie de condiciones. En concreto, esos requisitos contemplan «que el delito por el que se procesa sea grave o muy grave, lleve aparejada una pena de inhabilitación o suspensión de igual naturaleza y se haya cometido con violencia o intimidación», que «la medida cautelar resulte necesaria para prevenir el riesgo de comisión de hechos delictivos concretos relacionados con el que es objeto del proceso» y que «sea solicitada por el Ministerio Fiscal o por acusación personada».

En audiencia

La enmienda redactada por el PSOE añade que, una vez solicitada la adopción de esta medida cautelar, se convocará una audiencia los cinco días siguientes, y a la que deberán acudir el procesado, asistido de letrado, el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas.

En esta audiencia, continúa el texto propuesto, «se podrán realizar alegaciones y proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto» para que el juez o tribunal decida sobre «la procedencia o no de la suspensión cautelar de cargo u oficio público atendiendo a las obligaciones inherentes al cargo público ejercitado».

Según fuentes parlamentarias, el PDeCAT aún no ha dado el visto bueno a la propuesta de los socialistas. En todo caso, la previsión es que la tramitación no se retome en el Congreso hasta después de las Navidades.