Un estudio realizado las últimas semanas por un instituto sociológico de la máxima solvencia profesional afirma que hoy la mayoría de los catalanes no son secesionistas, sino españolistas o catalanistas. 

Ese mismo informe hace las cuentas de las últimas elecciones municipales y autonómicas y, analizadas de forma profesional, no política, como hacen los independentistas, el resultado es incuestionable. El secesionismo tiene una importante presencia en la sociedad catalana, pero nunca ha sido mayoritario. Ha decrecido, además, en los últimos tiempos porque una parte considerable de los que deseaban la secesión se han sentido absolutamente desencantados por el liderazgo de Puigdemont y Torra, engañados por su estrategia y por la deriva de sus políticas. 

Están más identificados con la postura de Junqueras y sus colaboradores al asumir sus responsabilidades en lugar de inclinarse por la fuga, y se han pasado en masa a posiciones más realistas que garantizarían un futuro estable para Cataluña: mantenerse dentro de España y negociar con el Gobierno central más autogobierno, una buena financiación autonómica que garantice los servicios públicos y abandonar la confrontación.

El estudio, que circula en las alturas políticas -incluida Moncloa- y empresariales, coincide con el «visto para sentencia» del juicio a los independentistas que cumplen prisión preventiva, que finalizó con un alegato de Junqueras en el que reafirmaba sus sentimientos independentistas y con tono sereno hacía una apuesta por llevar el conflicto al terreno de la política.

Desde el entorno de Manuel Marchena -convertido en la gran figura de la judicatura tras la forma en que ha presidido la Sala del Tribunal Supremo que juzga a los independentistas- se afirma que el juez está trabajando ya en la redacción de la sentencia. Lo ha hecho en cuanto finalizó el juicio, y su intención es que la sentencia no se haga pública mucho más allá del mes de octubre. Mientras tanto, tanto los diputados electos como los eurodiputados elegidos el 26 de mayo formalizan los pasos que les permita convertirse en parlamentarios con todos sus derechos. Lo que no va a ser fácil.

La Junta Electoral Central ha resuelto que los fugados Puigdemont y Toni Comin deben recoger sus actas presencialmente en la sede de la JEC, en el Congreso de los Diputados de Madrid. Lo que provocaría su detención inmediata. Los dos hicieron un intento, hace apenas 10 días, de recoger su acreditación provisional en Bruselas, pero los eurodiputados españoles que llevan toda la legislatura con los ojos en alerta y con un buen número de personas que les avisan de cualquier movimiento sospechoso respecto a los independentistas, se movieron rápido para impedirlo. 

Puigdemont acusa a Tajani de las dificultades para acceder a su acta, pero desde el gabinete del presidente en funciones del Parlamento Europeo responden que no es Tajani quien marca las normas, sino el propio reglamento, que no acepta más miembros que aquellos que vienen avalados por las Juntas Electorales de sus respectivos países. Y España obliga a recoger el acta presencialmente en la sede de la JEC.

Puigdemont, por otra parte, no atraviesa su mejor momento. Días atrás logró entrar en el edificio del Parlamento comunitario, como invitado de su amigo y miembro de Junts per Catalunya el eurodiputado Tremosa. No fue un acción que le llenara de satisfacción: se produjeron comentarios de sorpresa ante lo que algunos periodistas y eurodiputados no españoles consideraron desaliño indumentario. 

La sentencia va a marcar un antes y un después. Se esperan condenas, pero no de máximos, porque son muchos los atenuantes. Aún así, a los procesados les aguardan años de prisión. Lo que abre dos importantes debates.

El primero, el de los indultos por parte del Gobierno; el segundo, dónde cumplirán la pena en el caso de que efectivamente superen los dos años de prisión preventiva.

El Ejecutivo de Sánchez niega la posibilidad de indulto, pero a continuación explica las circunstancias en las que debe producirse, lo que significa que es algo que tienen en estudio. Lo debe pedir el condenado, o alguien por él. Cuando se pide, abre expediente el Ministerio de Justicia, que envía su informe al tribunal sentenciador, que da opinión y la manda al Gobierno. Se valora el arrepentimiento, la reparación de la víctima y el tiempo transcurrido de condena. 

En cuanto a la prisión, lo lógico es que se encuentre en Cataluña pues la ley permite que, excepto en circunstancias excepcionales como ocurría con ETA, los presos puedan cumplir su pena en una cárcel cercana a su domicilio habitual. El problema es que las competencias penitenciarias están transferidas a Cataluña, y se han dado casos muy sonados de trato de favor de sentenciados. El último, a Oriol Pujol, el hijo del expresidente de la Generalitat, al que se concedió el tercer grado cuando llevaba apenas 50 días de una condena de cuatro años. Un juez le reenvió a prisión pero, de nuevo, las autoridades catalanas le concedieron el tercer grado.

Esa es la esperanza de los políticos independentistas y el temor de las autoridades judiciales, que tienen la certeza de que las transferencias competenciales van a utilizarse en favor de los independentistas.

tiempo en contra. De momento, hay que vivir el día a día. Se está acabando el tiempo para que Puigdemont recoja su acta de eurodiputado, Junqueras no podrá sentarse en su escaño en Bruselas porque se encuentra en prisión y su abogado maniobra para que el Parlanento Europeo le conceda la inmunidad. A día de hoy, el independentismo, como recoge el informe mencionado, va perdiendo terreno, pero sigue muy activo.